Las tres trabajadoras despedidas del Laboratorio de Calidad deben ser readmitidas
Las tres trabajadoras del Laboratorio de Control de Calidad dependiente de la Consejería de Fomento, despedidas en mayo de 2013, deben ser readmitidas, e indemnizadas con los salarios de tramitación devengados, habiéndose declarado el despido nulo, por parte del Juzgado de lo social de Soria, según ha informado UGT. El despido de estas tres trabajadoras se hizo efectivo el 31 de Mayo de 2013, sin previo aviso.
La Junta de Castilla y León razonaba estos recortes en este centro, que afectaba a tres
trabajadoras, como en otros de la Comunidad, en un exceso de personal para el nivel de
actividad, que la propia Junta disminuía, derivando los trabajos de control de
calidad a los laboratorios de Valladolid y Burgos o empresas privadas, justificando
razones económicas. La suspensión temporal de la actividad, afectaba a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, señala UGT.
Esta suspensión afectaba a 65 trabajadores, ya fueran funcionarios de carrera o personal
laboral fijo, con los que se decide su reubicación con carácter temporal (ocupando puestos recogidos en la RPT, no pudiendo ser ocupados por posible concurso de traslados o incluyéndolos en una futura oposición), y los otros 5 trabajadores restantes (3 de los cuales son las interinas de Soria) se lleva a efecto la extinción de su relación contractual, alegando causas objetivas en base a los dispuesto en el art. 52.c del Estatuto de los Trabajadores.
Los despidos se fundamentan nulos, debido a que en los contratos de las despedidas se
establece que son de duración determinada....., hasta su cobertura definitiva o "amortización reglamentaria". Los despidos se han llevado a cabo sin que hayanconcurrido ninguna de las causas que contemplan las cláusulas de cobertura o amortización, por lo tanto son nulos, explica UGT.
La facilidad que las ultimas reformas laborales proporcionan al empresario, en este
caso la administración de la Junta de Castilla y León, aprecian las causas económicas para justificar un despido, argumentación que no ha sido aportada suficientemente por la Junta.