Los socialistas avanzan en Soria que presentarán un recurso en el TC por la reforma local

Representantes socialistas de once provincias del norte de España se han dado cita en el Centro Cívico Bécquer para concretar las acciones por las que el PSOE buscará anular la nueva normativa para la reforma de las administraciones locales, la antigua Ley de Bases de Régimen Local.

Entre los presentes, además del secretario general del PSOE en Soria y alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, el Foro Socialista Ciudades modelo ha contado también con secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, y el también secretario general de los socialistas castellano y leoneses Julio Villarrubia.

Durante la jornada, según ha avanzado el edil soriano, se ha pasado revista a las actuales políticas del actual Gobierno de España que lidera el Partido Popular y en las que Mínguez ha significado que "no podemos hablar de recuperación de la crisis" ya que la sociedad cada vez "está más empobrecida" ante el recorte de los derechos "que nosotros recuperaremos". Unos derechos que pasan por la educación, la sanidad y los servicios sociales y que según ha asegurado ahora no están garantizados.

Por su parte, Zarrías ha avanzado que el frente que ahora han previsto formalizar contra el cambio de normativas auspiciado por el Ejecutivo vendrá dado en primer lugar por el recurso que presentarán al menos cincuenta senadores ante el Tribunal Constitucional, toda vez que el BOE publicase la nueva ley que supondrá "el desmantelamiento de la mayoría de los Ayuntamientos del país", lo que llevará a la privatización de servicios que resultarán más caros, con menor calidad y que serán desarrollados por menos gente.

En lo que ha calificado como un "atropello" a la "potencialidad" de las administraciones locales, Zarrías ha avanzado que además de estas medidas, regiones como Andalucía, Asturias y Canarias también formalizarán legalmente su postura contraria, y además articularán otras vías como la remisión conjunta al TC de una sexta parte de los Consistorios españoles, representando a la sexta parte de la población del país. Unas objeciones que estarán en el Alto Tribunal antes del próximo mes de marzo.

De igual modo, también ha resaltado el cambio de la Ley de Factura Electrónica, que supondrá que las empresas que concurran a una convocatoria o licitación pública no deban de acreditar su clasificación para tomar parte en ellas. Un cambio en la Ley de Contratos del Estado por el que se ha llevado a cabo mediante una "triquiñuela" que llevará a que se "haga negocio" con los servicios públicos.

Estos mismos argumentos se han visto arropados por Villarrubia, quien ha destacado la "pérdida de derechos democráticos y de las libertades" en las dinámicas del PP, sobre todo en las últimas semanas, cuando se ha producido un "acelerón" en las reformas normativas, poniendo de ejemplo materias como el Código Penal y el aborto, entre otros apartados, además del llamado "tasazo" que ha llevado a dos tipos de justicia "la de los ricos y la de los pobres".