La región y otras cinco Comunidades piden financiación con criterios específicos

Seis Comunidades Autónomas de España comunidades han coincidido en reclamar un modelo de financiación autonómica dotado con más recursos que el actual, que permita prestar los servicios públicos del Estado del Bienestar con la misma calidad a todos los ciudadanos. Además, han acordado unir fuerzas para defender que el futuro sistema se base en criterios de reparto justos y equitativos, que ponderen en mayor medida características comunes a sus territorios como la superficie, la baja densidad demográfica, los costes fijos, la dispersión geográfica de la población y su envejecimiento

La reunión de trabajo que han mantenido este viernes los consejeros competentes en materia de Hacienda de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja ha permitido consensuar un documento donde se recogen los principios básicos que, a su juicio, deben presidir la negociación del nuevo modelo de financiación.

El primero de ellos es que se reconozca la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías respecto al Estado, por cuanto prestan los servicios que configuran el núcleo del Estado del Bienestar y en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales. De ahí la reivindicación de que el punto de partida de la reforma sea un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las comunidades.

La segunda aspiración que expresan los seis gobiernos es que se produzca por consenso de todas las autonomías.

En tercer lugar, quieren que se garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos. Para ello es preciso que la financiación de cada comunidad responda a los costes efectivos de la prestación de servicios, en los que influyen de manera esencial factores distintos del número de habitantes. Entre ellos destacan la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población o su envejecimiento, que en el modelo vigente sólo están reconocidas con un peso el 3%. Es decir, que la modificación del modelo debe ponderar de forma correcta y en un grado suficiente ?y por tanto superior al actual? estas características diferenciales.

Conviene recordar, en este sentido, que las seis autonomías que han participado en el encuentro suman el 45% de la superficie española, un elevado porcentaje que contrasta con el hecho de que en ese extenso territorio reside el 19% de la población.

En coherencia con todo lo anterior, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja advierten de que las necesidades de gasto asociadas a la prestación de los servicios públicos de competencia autonómica no pueden vincularse a la capacidad económica de los ciudadanos residentes en cada comunidad, ni a través del llamado principio de ordinalidad ni tampoco de otras variables como los resultados de las balanzas fiscales, que en ningún caso determinan las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los distintos territorios.

Reforma fiscal

La declaración acordada recoge, asimismo, la necesidad de que la reforma del sistema de financiación autonómica esté coordinada con la modificación del sistema tributario que ha anunciado el Gobierno central. Esto se traduce en la conveniencia de que las comunidades tengan voz en la reforma fiscal, dada la relevancia de los recursos procedentes de los impuestos a la hora de garantizar su suficiencia financiera.

En la misma línea, los consejeros han llamado la atención sobre el hecho de que es preciso tener en cuenta las implicaciones derivadas de la reforma local. El objetivo es que las modificaciones en la financiación autonómica y local sean simultáneas, asegurando el ajuste necesario en la financiación como consecuencia de la implantación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Otra de las demandas es la plena eficacia del principio de lealtad institucional, de modo que se articulen instrumentos eficaces para compensar a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan tanto mayores gastos como menores ingresos.

Junto a esto, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja abogan por que el coste de la aplicación de la Ley de Dependencia se incluya en el modelo de financiación autonómica.

Además, han incidido en la oportunidad de disminuir la brecha que existe entre los recursos financieros de los que disponen los territorios de régimen común y los que disfrutan las comunidades forales, que son muy superiores en estas últimas.

Por último, las seis regiones permanecen abiertas a que cualquier Comunidad Autónoma que esté de acuerdo con los puntos fundamentales contenidos en el documento, pueda integrarse en el grupo, dado que lo único que pretende es aunar voluntades y esfuerzos en aras de una mayor cohesión entre todas las comunidades que forman el Estado español.

El encuentro ha tenido lugar en la sede del Gobierno de Aragón, y en él han participado la presidenta del Ejecutivo aragonés Luisa Fernanda Rudi, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz; la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo; la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo; el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández; la conselleira de Facenda de Galicia, Elena Muñoz, y la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, María Concepción Arruga.