Hacienda ultima el protocolo contra las agresiones a funcionarios acordado con CSI-F

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ultima el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el "volumen creciente" de estas situaciones durante los últimos años. Este protocolo ?que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo- ha sido puesto en común con todos los ministerios, y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

Esta iniciativa ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 "se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo".

Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada que venimos padeciendo, tal y como ha venido denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras, y por eso pondrá en marcha un registro de agresiones. El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas ("pegar, golpear, empujar?") y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.

El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son "delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo (trabajo con el público, personaciones o embargos y se establecerá un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito: sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.

Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales. CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.

CSI-F también espera que el Gobierno incluya las "amenazas gestuales" y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la web (una situación que se ha constatado en las oficinas de empleo). Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra.

Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg, que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

Agresiones en Castilla y León

En Castilla y León, el problema de las agresiones e incidencias de violencia también está presente en los empleados públicos, a pesar de las dificultades existentes a la hora de poder tener datos estadísticos, ya que no existe un registro. Precisamente, su creación es una de las próximas medidas del Gobierno, en el nuevo protocolo.

El Observatorio de Agresiones de la Gerencia Regional de Salud registró 432 agresiones a profesionales sanitarios en la Comunidad durante 2013, un 11% más que el año anterior 2012. De ese total, 80 trabajadores agredidos fueron hombres y 352 mujeres. El Observatorio detalla que el 63% de las agresiones fueron verbales, el17% físicas y el 20% psicológicas. El número de denuncias presentadas sumaron 39 en 2013, con un incremento de reincidentes del 22% respecto al año 2012.

Por otra parte, el informe de convivencia del curso escolar 2012-2013 en Castilla y León, elaborado por la Junta, señala que 52 profesores acudieron al servicio de asistencia jurídica para situaciones de violencia en el entorno escolar.

Además, otro registro, en este caso referido a las direcciones provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, apunta que en Castilla y León se produjeron 7 comunicaciones de incidentes por violencia en las oficinas de empleo, 4 en Valladolid y una en las provincias de Ávila, Burgos y Zamora.