Herrera encomienda al Gobierno regional acciones para una investigación abierta por la Audiencia Nacional

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado hoy cuatro acciones urgentes encomendadas al Gobierno de la Comunidad, relacionadas con la investigación abierta por la Audiencia Nacional y conocida en las últimas horas. Un procedimiento judicial que apunta a la empresa Cofely, implicada dentro de la trama descubierta a través de la llamada Operación Púnica.

Por ello, el dirigente regional ha ordenado a la Intervención General de Castilla y León que indague para conocer si existen relaciones contractuales entre esta empresa y las distintas consejerías de la Comunidad.

Herrera ha incidido, en primer lugar, en que estas actuaciones iniciadas para elaborar un informe interno se realizan en virtud de la transparencia que demanda la sociedad, y sin que las investigaciones judiciales de la Audiencia Nacional establezcan cualquier tipo de vinculación con la Administración autonómica de Castilla y León. "En ningún extremo, sobre ningún expediente, contratación o subvención", ha destacado el presidente de la Junta.

Así, el presidente Herrera ha adoptado cuatro decisiones. La primera es que todas las consejerías del Ejecutivo autonómico están recabando información detallada sobre cualquier expediente, contratación o subvención relativos a la empresa investigada por la Audiencia Nacional. Con todos esos datos, la Consejería de Hacienda y la Intervención General elaborarán un informe completo que el Consejo de Gobierno analizará en su reunión de mañana

La segunda indica que se ha ordenado a todos los Servicios la paralización de cualquier tramitación de expediente referente a dicha empresa.

Por otro lado, el portavoz de la Junta de Castilla y León expondrá públicamente mañana, en rueda de prensa posterior a la celebración de Consejo de Gobierno, el contenido del informe interno del Gobierno autonómico. A continuación, se trasladarán todas estas informaciones a la Audiencia Nacional.

La última de estas medidas apunta a que los consejeros cuyos departamentos tengan o hayan tenido vinculación contractual con la empresa investigada solicitarán su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para aportar todas las informaciones a los grupos parlamentarios.

Además, el presidente ha expresado "rechazo, dolor, consternación y petición de perdón, pero también la necesidad de reacción". En su intervención realizada ante los periodistas, el presidente de la Junta ha manifestado que "hay que excluir de la vida pública, política y económica a todos los pillos y, en su caso, según lo decidan los tribunales, a los delincuentes; aquellos que bajo el cobijo político se prevalen para llevarse el dinero de todos y a quienes pretenden ganar contratos corrompiendo a empleados públicos".