Los fiscales de Castilla y León incrementarán la protección a las víctimas por violencia de género

Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma en contar con un método de intercambio de información entre los Servicios Sociales y el Ministerio Fiscal. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el fiscal superior de la Fiscalía de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, han firmado hoy un convenio de colaboración que permitirá a fiscales y profesionales de los Servicios Sociales compartir información completa y actualizada sobre los casos de violencia de género que se registren en Castilla y León. Esta iniciativa permitirá profundizar en la protección a las víctimas y a sus hijos, proporcionando una respuesta ágil, eficaz y eficiente.

Con esta firma, los fiscales tendrán acceso de forma actualizada a datos sobre la historia social de la víctima, de sus hijos y personas que de ella dependan, de su situación y de su entorno. Y, además, contarán con información del abanico de recursos de Castilla y León enmarcados en el modelo 'Objetivo Violencia Cero', entre ellos asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico o la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género repartida por toda la Comunidad.

Conocer datos de la historia social de la mujer, de sus hijos, y sus circunstancias, así como de los recursos disponibles en Castilla y León, resultará de gran utilidad a los fiscales, ya que les ayudará a ajustar la propuesta de orden de protección a la situación concreta de las víctimas, sobre todo en el régimen de visitas o pensiones alimenticias.

Los profesionales de los Servicios Sociales que se encargan de atender a estas mujeres dispondrán, por su parte, de información sobre los casos judicializados de violencia de género, lo que ampliará sus posibilidades de ofrecer una atención integral a la víctima.

Para Milagros Marcos, compartir esa información es "fundamental" a la hora de conseguir una mayor protección de las mujeres afectadas por esta lacra social y representa un nuevo paso de la Comunidad en la articulación del novedoso modelo 'Objetivo Violencia Cero' que la Junta de Castilla y León pretende implantar con el objetivo de abarcar el 'antes, el durante y el después de la denuncia'.

Para lograr esa fluida colaboración, la Junta adaptará su Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, el principal instrumento de información de la Comunidad sobre las víctimas y en el que ya figuran más de 1.600 víctimas registradas.

Este convenio, asimismo, abrirá la puerta a un impulso en la formación en el ámbito jurídico y en el ámbito social, la coordinación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del Ministerio Fiscal y los profesionales de los Servicios Sociales. Ese plus de formación posibilitará a los profesionales de los Servicios Sociales orientar mejor los casos y a los fiscales conocer con mayor profundidad la complejidad del ciclo de la violencia o el estado emocional de las mujeres que sufren esa situación de cara a entender el proceso y proponer medidas. Además, todo ello facilitará una actuación homogénea y con una metodología común en el territorio de la Comunidad.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pondrá a disposición personal para desarrollar las tareas formativas y de intercambio de experiencias. El Ministerio Fiscal, por su parte, se compromete a promover y favorecer la participación de sus profesionales en las actividades que se determinen para la interconexión de la información y la selección de los profesionales que tendrán acceso. Junto a esto, colaborará con la Junta de Castilla y León aportando personal de carácter voluntario.

La firma de este convenio es el resultado de varios meses de trabajo iniciados tras la reunión de trabajo que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvo el pasado 15 de julio con la presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ, María Ángeles Carmona; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, y el fiscal superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo.

En esa reunión con estas tres instituciones judiciales se planteó la posibilidad de suscribir protocolos individuales con cada una de ellas. El 20 de octubre, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmaba un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial para que los jueces y los profesionales de los Servicios Sociales intercambien información completa y actualizada sobre las víctimas. Hoy se ha suscrito otro con el Ministerio Fiscal.

Acceso al Registro Unificado de Violencia de Género

Al Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León tendrán, por tanto, acceso jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género. El objetivo es integrar en esta herramienta, tal y como ha remarcado la consejera, la información de la que disponen las administraciones para el uso de los profesionales de las administraciones públicas.

Para lograrlo, ha sido necesaria la firma de convenios específicos con distintas administraciones. El primer paso dado por la Junta de Castilla y León para tejer su modelo 'Objetivo Violencia Cero' tuvo lugar el 2 de julio cuando el Ejecutivo autonómico firmó un convenio, también pionero en España, con el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática del Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León con el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género del Estado (Viogen).

De esta forma, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden disponer de información sobre la historia social de la víctima, lo que permitirá intensificar su labor de protección y seguridad, y los profesionales de los Servicios Sociales podrán ampliar sus posibilidades de detección de casos de violencia de género y ofrecer a las víctimas una atención ágil y eficaz para lograr su plena recuperación e inclusión en la sociedad.

El siguiente paso fue la firma, el pasado 9 de octubre, de un convenio de colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración de las entidades locales en el modelo 'Objetivo Violencia Cero'. Este convenio abrió la puerta a que el Registro Unificado de Violencia de Género de la Comunidad sea accesible a los profesionales de aquellas entidades locales que ya tengan acceso al sistema Viogen y que suscriban acuerdos específicos con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El tercer paso lo constituyó el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial, que hoy tiene su continuidad, en el ámbito judicial, con el convenio con la Fiscalía General de Castilla y León, al que se añadirá otro específico con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Hacia un sistema de atención integral

Se trata de aunar fuerzas y recursos. Este convenio forma parte del compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante el debate del Estado de la Comunidad, de diseñar un modelo de atención integral y coordinado para las víctimas de violencia de género, que actúe desde el 'minuto cero' en que se produzca el primer síntoma y que le acompañe y guíe durante todo el proceso y tras la denuncia.

El objetivo del modelo es prestar una atención integral a cada víctima, mediante un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración y que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida.

El nuevo modelo se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Con el nuevo modelo se incidirá en la detección de las mujeres que pudieran estar sufriendo maltrato, ya sea desde los servicios educativos, sociales o sanitarios, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer en cada uno de los momentos. Una ayuda que se prestará de forma 'invisible' para preservar su seguridad.

Para lograr estas metas, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta de Castilla y León esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. No en vano, el problema requiere de un abordaje desde múltiples planos de actuación (policial, judicial, social, laboral, educativo?).