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El PP duda de la legalidad en la refinanciación de la deuda municipal

El PP duda de la legalidad en la refinanciación de la deuda municipal

Actualizado 13/11/2014 22:34

Consideran que la adecuación de las obligaciones dinerarias por 9,5 M? no se ajustan a las directrices del Ministerio de Hacienda.

Los cinco créditos que el Ayuntamiento debe a Caja Rural de Soria y que suman 9,5 millones de euros serán refinanciados tras el voto a favor del equipo de Gobierno municipal y en contra de la oposición. Un punto que figuraba en el orden del día durante el Pleno de este miércoles.

La operación, según los populares, y que afecta cinco créditos deberían de haber sido licitados públicamente, ya que teniendo en cuenta las directrices del Ministerio de Hacienda, no pueden ser llevadas a cabo en los términos que prevén los mandatarios municipales. Así, el popular Tomás Cabezón ha respaldado la opción de su grupo aludiendo textualmene a lo indicado por el Gobierno de la nación donde se pauta que en la autorización de operaciones a largo plazo a la hora de ser refinanciadas, deben de contemplar acuerdos financieros contraídos antes de 2012.

"Entendemos que si se pudiera hacer se habría sacado a licitación pública", ha señalado Cabezón, quien por otro lado ha avanzado de forma tajante que estudiarán la impugnación de dicha medida.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Luis Rey, ha respondido que "sería absurdo" obviar esta refinanciación, ya que fue la propia entidad financiera quien ofertó esta alternativa por la que el Consistorio ahorrará más de un millón de euros en intereses a largo plazo. Una reducción "a la mitad" que permitirá la "sostenibilidad económica" del Ayuntamiento.

En este mismo punto ha sido requerido el interventor municipal, quien ha dado por bueno el informe del tesorero con los datos técnicos, ya que a su modo de ver, y tal y como se vio en comisión, esta refinanciación es "totalmente legal".

Los créditos que deberá afrontar el Consistorio, con intereses al 2% y a razón de 7.000 euros mensuales a partir de 2015, contemplan partidas que deberán satisfacerse, en alguno de los casos, hasta el ejercicio 2028.
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