La Junta facilitará el acceso a ayudas para reconstruir Campofrío

Este lunes, los consejeros de Economía y Empleo y de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva y Silvia Clemente, han mantenido una reunión con representantes de la empresa Campofrío cuyas instalaciones en Burgos sufrieron este fin de semana.

En esta primera toma de contacto, Villanueva ha alabado la postura de la empresa que volverá a construir una nueva planta, si bien ha expresado que es preciso "dar una solución" a la situación laboral, cuyos contratos deberán ser suspendidos y pasarán a estar en situación de desempleo, a la espera que la firma presente a tal fin "la causa de fuerza mayor". También se ha referido a que la Junta está a la espera de conocer las previsiones de Campofrío en el nuevo plan industrial derivado del siniestro y ha indicado que el Gobierno regional está manteniendo conversaciones de "alto nivel" con el gobierno de España para dar una solución ante un hecho que es "grave, complicado y extraordinario" para la plantilla.

Por su parte, Clemente ha subrayado que se creará una comisión especial de trabajo en la que se inclurián, además de los departamentos mencionados, las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente, para abordar un asunto "excepcional". De igual modo, se ha referido que la Administración regional apoyará a la empresa a la hora de solicitar fondos al Banco Europeo de Inversiones, que ofrece créditos ventajosos. Por último, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los empleados y ha abogado por adoptar medidas ágiles que vengan a paliar el problema para el que la Junta está tomando todas las medidas a su alcance.

Exenciones fiscales

En cuanto a la visión de los sindicatos, en el comité de empresa han pedido exenciones fiscales para Campofrío a la hora de reiniciar las obras, y también han manifestado su voluntad de conocer las pólizas de seguro que daban cobertura a la factoría devastada.

Así mismo, han incidido en la necesidad de establecer fórmulas para "compensar" a los trabajadores que ahora quedan en desempleo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen derechos adquiridos para recibir las prestaciones durante menos de dos años.