Matarromera se suma a la Red de Protección a las Familias

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha suscrito hoy un convenio de colaboración con el presidente del Grupo Matarromera, Carlos Moro, para impulsar la contratación de los colectivos más desfavorecidos, en especial los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Matarromera se suma así al proyecto de la Red de Protección a las Familias, impulsado por la Junta de Castilla y León para dar una respuesta integral a los castellanos y leoneses afectados por la crisis económica.

Se trata de un paso más para lograr el tercero de los objetivos con que nació la Red: la inserción social y laboral de las personas más vulnerables, que se añade a la prevención y la atención. Una vez atendidas las necesidades urgentes de las familias es preciso ofrecerles oportunidades para su formación e inserción social, a través de la búsqueda de un empleo. Y, para ello, lo primero es adaptar su formación para lograr unos perfiles que cubran las demandas laborales de las empresas.

Este objetivo de la inserción laboral, como ha remarcado la consejera, no puede llevarse a la práctica si no es con la suma de esfuerzos entre el sector público y el privado, que complementen sus actuaciones y generen sinergias.

Con esta firma, se abre un cauce de comunicación y coordinación entre la Administración autonómica y el grupo de empresas vitivinícolas a la hora de contratar a personal. Matarromera se compromete a acudir a la Red de manera preferente en el caso de necesitar incorporar nuevos empleados a su compañía, siempre y cuando los perfiles de los posibles empleados encajen en sus necesidades. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por su parte, será el cauce de interlocución entre Matarromera y la Red de Protección para facilitar el contacto entre empleador y demandante de empleo. Ambas partes intercambiarán información, respetando la protección de datos, así como propuestas y medidas de actuación.

Este convenio responde a los principios del Plan de Estímulo para el crecimiento y el empleo 2014, que prevé actuaciones para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, preferentemente perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

A 31 de mayo de 2014 prácticamente 22.000 personas se beneficiaban de la Renta Garantizada de Ciudadanía. El perfil de los titulares de esta Renta responde al de una mujer de entre 36 y 45 años, que reside en el medio urbano, con cargas familiares y de nacionalidad española. Así, el 59,35 % son mujeres, el 20,45 % tiene entre 36 y 45 años, el 63,65 % vive en el medio urbano, y el 60,6 % tiene cargas familiares.

Responsabilidad social corporativa

La consejera ha afirmado que ejemplos como el de Matarromera permiten visibilizar que la apuesta por prácticas de responsabilidad social corporativa "no está reñida con el éxito empresarial, al contrario". Para ello, se ha apoyado en una encuesta de la Fundación Randstad que señala que el 34 % de las empresas opina que con la contratación de personas de difícil empleabilidad se obtiene personal altamente motivado, lo que redunda en mayor rentabilidad y competitividad de la empresa. "El beneficio es, por tanto, para todos", ha añadido.

Por su parte, Carlos Moro ha afirmado que el compromiso de Matarromera con la calidad y la excelencia no solo se transmite a través de los vinos, también lo hace a través de todos los eslabones que componen la Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa, y que vincula a todas las dimensiones de la actividad: la económica, la humana, la social y la medioambiental. Desde su fundación en 1988, Matarromera colabora con instituciones, empresas y colectivos con el objetivo de prestar apoyos de la más diversa índole que permitan cumplir proyectos y expectativas de orden social. La empresa desarrolla diferentes proyectos y actividades que ayudan a la consecución de esos fines, como la colaboración con diferentes organismos e instituciones y la creación, gestión, promoción e impulso de ofertas o iniciativas que contribuyan al desarrollo y mejora cultural, social, económica, industrial y tecnológica, según ha explicado Carlos Moro.

La consejera ha señalado que la Junta fomenta la responsabilidad social empresarial, a través del III Acuerdo marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020, aprobado el pasado 30 de mayo, y mediante la inclusión de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública para favorecer la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad, en especial en situación de riesgo de exclusión social, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

De esta forma, la Junta de Castilla y León prima a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden, entre otras, en la inserción de personas en riesgo de exclusión social, en concreto personas perceptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Durante el primer cuatrimestre del año, el 80 % del volumen de contratación de la Administración autonómica llevaba cláusulas sociales.

Además, la Red de Protección a las familias contempla otra serie de programas para impulsar la contratación de las le personas más vulnerables, como son el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), los programas de orientación y asesoramiento laboral o programas de formación para el empleo y programas de apoyo al autoempleo.

Todas estas actuaciones públicas y privadas están permitiendo a Castilla y León obtener unos mejores indicadores en materia de inclusión social que el resto de comunidades.

Como el principal objetivo de la Red de Protección, además de la atención, es favorecer la integración social, fundamentalmente a través del empleo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades consigna para el año que viene 9,2 millones de euros (ocho millones más que en 2014) a distintos programas específicos dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables.