Castilla y León propone crear un Sistema Nacional de conciliación de la vida familiar y laboral

El Gobierno autonómico plantea la puesta en marcha de un Sistema Nacional de conciliación de la vida familiar y laboral como una iniciativa de respuesta a los desafíos demográficos del Estado, significativos en comunidades autónomas como Castilla y León. Dicho Sistema, según ha expuesto De Santiago-Juárez, debería primar el acceso a servicios profesionales, reservando las ayudas económicas para supuestos excepcionales. La propuesta realizada por la Junta de Castilla y León incide en que, en el caso de la conciliación, "permitirá que las mujeres no tengan que apartarse del mercado laboral y puedan seguir contribuyendo, desde él, al desarrollo del país".

La creación de un sistema de provisión de servicios profesionales para el cuidado de los hijos en edad inferior a la escolar supondría una respuesta a medio plazo en relación con el problema de la baja natalidad en España. "Sería la forma, tal vez, de que nuestro Estado del Bienestar, tan amenazado por los desafíos demográficos, pudiera salir fortalecido de esta situación", ha afirmado De Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia ha destacado que la experiencia de gestión de la Atención a la Dependencia puede servir de referencia; en ese sentido, ha afirmado que "la apuesta por los cuidados profesionales es la forma de garantizar la calidad, de generar empleo y, en definitiva, de producir actividad, cotizaciones e impuestos que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema". En la exposición realizada ante la Ponencia del Senado, De Santiago-Juárez se ha referido al modelo de cuidados profesionales de Castilla y León ?única comunidad autónoma calificada con sobresaliente en esta materia- y a la creación de empleo, que se estima en un promedio de 6,26 puestos de trabajo por cada 1.000 habitantes -el doble que la media nacional-.

Medidas específicas y trabajo coordinado de las administraciones

En la intervención del consejero de la Presidencia en esta Ponencia se ha puesto énfasis en que cuando se consolide la recuperación y se genere más empleo los datos demográficos mejorarán pero las medidas dirigidas a la recuperación económica, pese a ser importantes, no bastan y la crisis demográfica exige medidas específicas. En esta sesión celebrada en la Cámara Alta también han intervenido representantes de Galicia, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades autónomas con las que el Ejecutivo castellano y leonés trabaja en iniciativas nacionales y europeas para promover soluciones ante los desafíos demográficos. La Junta de Castilla y León considera que la demografía es un asunto de tal dimensión que precisa abordarlo desde la implicación de todas las administraciones.

De Santiago-Juárez ha recordado que este grupo de comunidades autónomas ha pedido al Gobierno de España liderar un Pacto de Estado por la Demografía en el ámbito político y social, que favorezca la concienciación sobre el problema y la imprescindible participación de todos. Estas seis comunidades también han demandado ayuda para que la Unión Europea tenga en mayor consideración los objetivos demográficos al diseñar sus políticas. Se considera que la Unión Europea debería avanzar hacia una estrategia global en materia demográfica y dotarla de instrumentos y de presupuestos propios. Recientemente, el Gobierno de España introdujo algunas menciones sobre demografía en el Acuerdo de Asociación de España con la Unión Europea y Castilla y León y otras cinco comunidades desarrollan contactos e iniciativas con las autoridades europeas y en el seno de la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos.

Financiación autonómica, local, desarrollo rural

La principal petición que los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura trasladan al Gobierno de España es que este impulse una Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico, en cuya elaboración y ejecución participen todas las administraciones públicas. La Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico, según ha expuesto De Santiago-Juárez, requiere la necesaria reforma del modelo de financiación autonómica, la financiación local, políticas de desarrollo rural y atención a los jóvenes, las familias y los inmigrantes.

La dispersión, la baja densidad y el envejecimiento son factores demográficos determinantes para mejorar la financiación ?autonómica y local-, pues inciden en un mayor coste en la prestación de los servicios; y en mayor medida en el ámbito rural. Para la Junta de Castilla y León es un 50 % más caro prestar los servicios en el entorno rural que en el urbano y, en palabras del consejero, "es lo que queremos que reconozca el modelo de financiación, donde un reparto per cápita condenaría a los habitantes del medio rural a ser ciudadanos de segunda categoría y daría la puntilla a cualquier esperanza de atajar el problema de la despoblación rural".

El consejero de la Presidencia ha mencionado ejemplos como la Atención Primaria de Salud (en Castilla y León, 3.650 consultorios locales -el 35 % de todos los de España-, de los que 1.400 se hallan en núcleos con menos de 50 habitantes), la Educación (en Castilla y León, 640 centros públicos en el medio rural -dos tercios de todos nuestros Centros de Infantil y Primaria- y la garantía de unidades educativas a partir de 4 alumnos), los Servicios Sociales (Castilla y León dispone en el medio rural dos tercios de los Centros de Acción Social y el 75 % de las plazas de residencia y Centro de Día que reciben financiación pública) o el sistema de Transporte a la Demanda (810 rutas en el territorio, que atienden a un millón de personas en más de 3.500 localidades).

La necesidad de modificación de la Ley de Haciendas Locales se sustenta en las diferencias entre el coste de la prestación de los servicios locales en función de la población. Por eso, ha subrayado De Santiago-Juárez, "fuimos muy críticos con los primeros borradores de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, hasta que conseguimos que se eliminase el concepto de 'coste estándar'. Es esencial una financiación diferenciada que favorezca a los pequeños municipios". En esa misma argumentación, ha continuado recalcando que "por muy eficiente que sea su gestión, los servicios allí son más caros. Y como tales deben ser financiados". La Junta de Castilla y León, con la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, intenta favorecer la máxima eficiencia con un nuevo modelo de asociacionismo municipal más racional y ordenado a través de la figura de las 'mancomunidades de interés general', vinculadas a un previo proceso de ordenación del territorio.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha expresado que una mayor financiación para las políticas de Desarrollo Rural resulta fundamental para responder de mejor manera a sus principales objetivos: aumentar la competitividad del campo, proteger y mejorar el medio ambiente, diversificar la actividad económica en las zonas rurales; todos ellos, claves para superar el problema de la despoblación rural.

Medidas para jóvenes, inmigrantes y familias

La Estrategia Nacional para el Cambio Demográfico demandada por la Junta de Castilla y León debe prestar especial atención a los jóvenes, las familias y los inmigrantes -en coordinación con las correspondientes estrategias sectoriales- por ser los colectivos de los que más depende el vigor demográfico de una sociedad.

Se plantea como línea de acción esencial ofrecer más oportunidades de empleo y de vivienda y en ello se debería centrar la Estrategia Juventud 2020 del Gobierno de España y sus correspondientes Planes de Acción, según la Junta. Y esos planes deberían incluir medidas especiales, más beneficiosas, dirigidas a los jóvenes del medio rural. En Castilla y León, por ejemplo, existe un trato fiscal más favorable para el acceso a la vivienda y se plantean mayores bonificaciones y mejores condiciones en las líneas de crédito para emprendedores y autónomos en el medio rural.

Entre las propuestas concretas para los inmigrantes, De Santiago-Juárez ha mencionado volver a dotar de financiación los convenios de colaboración con las comunidades autónomas en materia de apoyo a la acogida e integración y que se trabaje para agilizar la homologación de los títulos académicos de los inmigrantes extranjeros. En relación con el apoyo a las familias, debe aprovecharse la actual elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Familia, con participación de diversos Ministerios.ha indicado el consejero de la Presidencia.

Por parte del Gobierno autonómico, ha concluido De Santiago-Juárez, "queremos insistir en la importancia de que dicho Plan disponga un trato específico y más beneficioso para las familias que viven en el medio rural", al tiempo que ha recordado que en Castilla y León existen medidas como unas mayores deducciones en el IRPF por hijos y por alquiler de vivienda, tipos reducidos en el Impuesto sobre Sucesiones para la adquisición de explotaciones agrarias y un compromiso de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.