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Los ecologistas tildan de burla la aprobación del PEMA

Los ecologistas tildan de burla la aprobación del PEMA

PROVINCIA
Actualizado 23/12/2014 19:53

Muestran su descontento por las sentencias judiciales ante el "rescate" de la urbanización declarada inconstitucional.

Este 23 de diciembre, con los votos contrarios de ecologistas y sindicatos y las abstenciones de los colegios profesionales de arquitectos, abogados e ingenieros técnicos industriales, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha informado favorablemente el Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA) de Garray, en Soria. Para los ecologistas, en realidad es la pretensión de "legalización urbanística" de la Ciudad del Medio Ambiente que fue aprobada por Ley "ad hoc" de las Cortes de Castilla y León en el año 2007, anulada en diciembre de 2013 por sentencia del Tribunal Constitucional.
Así, el colectivo Ecologistas en Acción, este trámite en el Consejo debería haber servido "para informar y proponer mejoras, para reconocer deficiencias e incluso para proponer la desestimación del proyecto en cuestión, recogiendo y haciendo efectivas las aportaciones de distintos órganos administrativos y sectores sociales representados en tal Consejo". Así, han recalcado que la resolución se ha llevado a cabo anteponiendo criterios jurídicos, científicos y técnicos objetivos, "a los meros intereses políticos, económicos y sociales de los allí presentes".
Para los ecologistas el nuevo proyecto regional da validez a las deficiencias de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PEMA, en la cual observaban "descaradas anomalías". Por ejemplo, han aducido que sigue sin considerarse el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas a la ciudad de Numancia.
En lo que han considerado como manipulación del consejo, los ecologistas han abundado en que se el tema se ha abordado "como una mera burocracia". Además, han apuntado hacia la Junta de Castilla y León por sus potestades de elaboración de Decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, "para intentar regularizar una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales". Se trata, pues de una forma de actuar "que no es compatible con los principios de justicia, democracia y transparencia de los que tanto alardea en estos meses la propia Junta de Castilla y León".
Una expresión a la que han sumado los pareceres de autoridades objetivas como es el juez de la Audiencia Provincial de Soria en el auto de 3 de noviembre de 2014, que obliga a demoler la Cúpula de la Energía. En tal dictamen han relatado que queda reflejado que "....En efecto, ¿de qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal? Si al final lo construido va a ser legalizado 'a posteriori' no ajustando la obra a la legislación vigente (objetivo de un expediente de restauración de legalidad) sino creando nuevas normas que al final hagan que lo construido se mantenga pese a todo, resulta inútil cualquier control de legalidad llevado a cabo por los Tribunales sobre la actuación de las administraciones públicas...".

Por otro lado, Ecologistas en Acción han destacado que el polígono industrial, "las promesas de empleo, la innovación, o incluso la pretensión y falsa afirmación de que el PEMA" se justifican por ser "la única iniciativa vinculada a la generación de empleo de alta cualificación" en la provincia de Soria que recoge el proyecto de Decreto, pero son "sólo excusas para justificar y lavar las garrafales y erróneas decisiones políticas, jurídicas y administrativas tomadas por la Junta". Unas decisiones de las que han hecho responsable al presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, a quien acusan de arbitrariedad por un gasto "deplorable" de cien millones de euros "por la deplorable gestión de unos políticos incapaces".

De igual modo, los ecologistas se han remitido a la jurisprudencia sobre la materia, instando a la Junta a recapacitar en "su contumacia por especular con los espacios naturales de esta región". Aunque hay varios procesos judiciales con sentencias firmes en la Comunidad, han destacado que el Proyecto de Interés Regional del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas en Extremadura, cuyo periplo judicial ha acabado después de siete años con una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2014 que ordena la paralización y el derribo de lo ya construido, y desestima los argumentos de la Junta de Extremadura de que la demolición costaría 34 millones de Euros, y que es mejor para el medio ambiente mantenerlo como está. "Cantinela que ahora repite la Junta de Castilla y León con lo que queda de la inconstitucional Ciudad del Medio Ambiente", han indicado.

Este trámite en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio vendrá seguido de la aprobación del Decreto del PEMA por parte de la Junta, y su publicación en el BOCyL. Tras lo cual Ecologistas en Acción dedicarán dinero y esfuerzos a invocar a los tribunales "para que digan por escrito lo que es palmario: lo construido en la Ciudad del Medio Ambiente-PEMA, era, es y será ilegal, y está abocado a ser desmantelado, restaurando a su naturalidad el Soto de Garray".

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