El Procurador del Común visitará el día 19 el puente de Andaluz

A partir de ese incidente, se iniciaron solicitudes de reparación a las distintas administraciones públicas implicadas, por un grupo de personas preocupadas por el futuro del puente, sin que ninguna de ellas haya tomado cartas en el asunto hasta la fecha.
En los escritos dirigidos al Procurador del Común se invocaba al deber constitucional de las Administraciones Públicas de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, y de los bienes que lo integran, ya que la situación actual del puente de Andaluz exige una inmediata intervención.
Según señala el colectivo pro-puente, la Junta de Castilla y León ha manifestado en ocasiones que la titularidad del puente corresponde al Ayuntamiento de Berlanga de Duero, y por tanto es a éste a quien corresponde su reparación. Pero según los defensores del puente, "no parece muy sensato considerar que un Ayuntamiento, que se constituye para gestionar las necesidades de los vecinos, sea quien decida mantener o dejar caer un puente histórico, no ya por la desconfianza en su buena gestión, que no ponemos en duda, sino por la falta de medios materiales y presupuestarios para acometer una obra de estas características. Además, aquí no estamos hablando de ninguna utilidad vecinal, sino de la conservación de un bien para el disfrute cultural de todo el mundo, algo que por ley está obligada a hacer la Administración autonómica, al estar ubicado este bien en su territorio".
Según la plataforma en defensa del puente, "el garante de la integridad del patrimonio cultural de Castilla y León es la Junta y la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que en su artículo 2 no puede ser más clara: corresponde a la Comunidad de Castilla y León la competencia exclusiva sobre el Patrimonio Cultural ubicado en su territorio. Y en el artículo 1.2 se lee que integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico.

La plataforma cree que la estrategia de aludir a razones jurídicas para no tener la titularidad del puente es una excusa, "máxime si tenemos en cuenta que recientemente fue la Junta de Castilla y León quien instaló sobre la estructura del puente unas vallas quitamiedos, para evitar el paso de vehículos por el puente. Esta intervención llevada a cabo, va en contra del argumento que se utiliza de la titularidad municipal. Asimismo, es constatable la existencia de planes de restauración de puentes históricos en otras Comunidades Autónomas, por lo que sería inaudito que unas tuvieran más competencias que otras en estos asuntos".
Asimismo parece que una completa actuación sobre esta obra arquitectónica debería resultar del consenso de otras administraciones, como la Confederación Hidrográfica del Duero, a quien compete la limpieza del arbolado y dragado del cauce que afecta también negativamente a la conservación del puente.insisten los impulsores de la reivindicación. El día 19, a las 12.00 horas, acudirán varias personas a la visita del Procurador, estando entre otros el representante de la alcaldía de Berlanga de Duero en Andaluz.