CC OO abre una campaña para mantener los registros civiles

Este viernes, CC OO de Soria ha presentado, en rueda de prensa, la iniciativa legislativa popular (ILP) en defensa del Registro Civil como servicio público, universal y gratuito, y que se mantenga en el ámbito en el que viene desarrollando su actividad. De igual modo han reclamado que los empleados continúen siendo por funcionarios de la Administración de Justicia, como viene siendo desde hace más de 140 años.

Así, con esta medida en la que se contempla la recogida de firmas, pretenden detener la asignación del Registro Civil a los Registradores, impuesta por el Gobierno, "porque cuenta con la oposición de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos excepto el PP, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas (muchos gobernados por el PP), de la Plataforma Justicia para Todos, de colectivos jurídicos, de asociaciones profesionales de Jueces y Secretarios Judiciales".

En lo que consideran como privatización de este servicio público, han apreciado que registradores no son funcionarios, tal y como queda establecido por sentencia en la UE. También han observado que esta medida gubernamental afectará a más de 8.000 oficinas del Registro Civil, reduciéndose su número a "poco más de un centenar" en todo el país, por lo que los usuarios deberán desplazarse si en su lugar de residencia no existe este servicio.

De igual modo, han denunciado que el Estado abonará por este servicio 130 millones de euros a los registradores, una cantidad que supone la digitalización de123.000 tomos ú 80 millones de páginas de los 432 Registros Civiles.

Así, en la rueda de prensa ofrecida en la sede del sindicato en la capital, los responsables sindicales de esta iniciativa en la provincia, Javier Moreno y Javier Sanz, han puesto el acento en que los servicios hasta ahora gratuitos y que son obligatorios (como en los trámites denacimientos, defunciones y matrimonios), dejarán de serlo en el apartado monetario, con la consiguiente carga económica para los ciudadanos.

Otros aspectos que en el sindicato ponen de relieve y entre otros, es el de la confidencialidad de datos, que dejaría de estar garantizada como hasta ahora.