Luz verde a la conservación de las especies cinegéticas y al control de la fauna silvestre
Un corzo en un campo cerca de Las Cuevas de Soria. / SN
La Junta cumple así con la resolución del TSJ de Castilla y León que anulaba el anterior texto por entender que existía un defecto formal en la tramitación del procedimiento de aprobación de la norma sin entrar a valorar el fondo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. De esta forma, la Junta cumple con la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba el anterior Decreto por entender que existía un defecto formal en la tramitación del procedimiento de aprobación de la norma sin entrar a valorar el fondo.
El decreto, que consta de 26 artículos, cuenta con un anexo en el que se establecen los períodos de reproducción y de migración de las aves cinegéticas. La norma define diversos conceptos tales como especie cinegética, cazable, caza, control poblacional, caza intensiva, sueltas para competiciones, entre otras. Además, regula los medios de esta práctica deportiva- uso de armas de fuego, arcos, armas blancas, perros, cetrería y hurones-. El reglamento concreta las modalidades de caza mayor ?montería, gancho o batida, rececho, aguardo o espera, al salto o en mano- y de caza menor ?al salto o a rabo, en mano, ojeo, espera o aguardo, caza de liebre con galgo, conejos con hurón y zorros con perro-. En este sentido, define las particularidades y limitaciones de cada una de ellas.
Se dedica un apartado a regular el régimen de autorización y de utilización de las zonas de entrenamiento de perros de caza y de aves de presa para garantizar la conservación de las especies silvestres y para no interferir en el ciclo biológico de estas promoviendo el desarrollo preferente de las competiciones y de las exhibiciones en este tipo de zonas.
También se regulan las normas de seguridad en las cacerías colectivas y se definen las especies cinegéticas distinguiendo entre las de caza mayor y caza menor y entre mamíferos y aves. Asimismo, se desarrollan medidas de control población de las especies cinegéticas, animales domésticos asilvestrados y de especies no cinegéticas para proteger a la fauna y la flora silvestres.
El decreto establece medidas de conservación de los hábitats naturales, y medidas para evitar daños graves, especialmente, a los cultivos, al ganado, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas así como a otras formas de propiedad. El marco regulatorio de las autorizaciones para el control poblacional se basará en los principios de motivación, en todos los casos, de precaución y de inexistencia de otras soluciones.
Finalmente, se regulan las condiciones de anillamiento y marcaje de la fauna silvestre así como la tenencia de ejemplares de especies cinegéticas en cautividad. Hay un apartado dedicado al régimen de comercialización de las especies cinegéticas, las restricciones de movimientos de fauna silvestre en caso de enfermedades y epizootias y a la actualización de la valoración de las piezas de caza a efectos de indemnización.
La nueva normativa ha pasado los trámites de audiencia a interesados, Gobierno Abierto, Consejo Regional de Medio Ambiente, asesoría jurídica y Consejo Consultivo de Castilla y León.
La Junta cumple con la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2 de febrero de 2015 que anulaba el anterior Decreto por entender que existía un defecto formal en la tramitación del procedimiento de aprobación de la norma sin entrar a valorar el fondo. El tribunal no entraba a valorar el fondo de la regulación de la caza en Castilla y León, no estimando las pretensiones planteadas por Ecologistas en Acción en el recurso presentado.
La sentencia tan solo consideraba que existía un defecto formal en la tramitación al no existir informe expreso del Consejo de Caza a pesar de que el Decreto fue presentado, examinado y debatido en la sesión de dicho Consejo de 16 de junio de 2011.