100 pisos del ‘banco malo’ entran al parque público de alquiler
El Gobierno autonómico avanza en la transformación de la política de vivienda impulsando el arrendamiento como forma de acceso a la misma.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha firmado el primer convenio de colaboración con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), conocido coloquialmete como 'banco malo' para la incorporación, por un periodo de cuatro años, de 100 viviendas al parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León, que ha supuesto una inversión de 660.000 euros. Con ello, el Gobierno autonómico avanza en la transformación de la política de vivienda impulsando el alquiler como forma de acceso a la misma, tal y como acordó con los agentes sociales en el ámbito del Consejo del Diálogo Social. El centenar de viviendas están repartidas en 28 municipios de las nueve provincias de Castilla y León.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pondrá a disposición del parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León un centenar de viviendas procedentes de la SAREB, sin perjuicio de la posible ampliación de ese número, y se alquilarán a personas y familias a un precio que oscilará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de dónde se encuentre la vivienda y de su superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino, quien, en ningún caso, aportará más del 30% de sus ingresos.
El convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y la SAREB contempla un periodo de cesión de las viviendas de cuatro años a cambio de 660.000 euros que desembolsará la Administración autonómica. La contraprestación de las viviendas cedidas varía en función de si está ocupada o no, de forma que en caso de estar habitada serían 75 euros mensuales, y si está desocupada serían 125 euros mensuales.
El 50 % de las viviendas cedidas en el ámbito de este convenio deberán estar vacías en el momento de la cesión, y de la otra mitad, algunas podrían estar ocupadas por sus antiguos propietarios que se encuentren en situación previa al lanzamiento judicial, con lo que se trataría de regularizar su situación en la vivienda mediante la suscripción de un contrato de alquiler social, con el fin de proporcionarles estabilidad y seguridad jurídica.
Durante los cuatro años de vigencia del convenio, el Gobierno autonómico y la SAREB compartirán la distribución de los gastos derivados de la propiedad de las viviendas, comunidad, seguros, IBI, mantenimientos ordinarios, etc., y al finalizar el plazo el convenio podrá ser objeto de prórroga.
Con la incorporación de estas 100 viviendas al parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León, la consejería de Fomento y Medio Ambiente avanza en la transformación de la política de vivienda que ha sido objeto de participación y acuerdo con los agentes sociales en el marco del 'Pacto por el Alquiler' del Consejo del Diálogo Social, reorientando las políticas hacia el fomento del alquiler social como solución viable para las necesidades de vivienda de la población con dificultad de acceso a la misma.