Piden a la Junta más letrados para evitar la impunidad en las denuncias de Medio Ambiente
Agentes medioambientales de la Junta.
Según CSI-F, los expedientes caducan por la carencia del personal jurídico, y dificultan el trabajo normal de los agentes medioambientales y forestales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha "desmentido"hoy viernesal consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones, y ha alertado sobre la falta de letrados, que está dificultando el trabajo normal de los servicios territoriales de tramitación de expedientes sancionadores de incendios y otras afecciones al medio natural, al caducar los expedientes que se inician por falta de personal jurídico.
El consejero ha afirmado en las Cortes, ante una pregunta de Ciudadanos, que la falta de letrados responde a un problema ordinario sobre un concurso de traslados, lo que para CSI-F no es cierto. "Negar que existen disfunciones en el área de medioambiente, en León y en toda la Comunidad, es ocultar el problema a los ciudadanos cuando este se plantea. El consejero minimiza algo tan grave como es la impunidad que se produce ante las denuncias por agresiones al medio ambiente, por falta de letrados", han destacado en CSI-F, donde por otro lado han incidido en que "tratar de reducir a una incidencia normal las gravísimas deficiencias de personal que se extienden por toda la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es ocultar la realidad, porque lo que necesitamos es que se cubran las vacantes de letrados".
Archivo de expedientes
En el sindicato independiente han explicado que empleados públicos de la Consejería dicen que no solo se archivan expedientes por falta de letrados en León, sino que también ha ocurrido en otras provincias, como Valladolid o incluso ?actualmente- Palencia, que no cuenta con ningún letrado. "Pero tampoco hay un correcto seguimiento e información del número de denuncias y su resultado, sin estar claro cuántas se pueden quedar olvidadas por los cajones, sin ningún responsable, lo que puede abrir suspicacias de arbitrariedad y amiguismo según quien sea el infractor", han añadido en CSI-F.
También han recordado que la extinción de incendios está considerada un servicio esencial, según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, lo que exige que se preste con garantías, "algo que no puede hacerse si están vacantes las plazas de jurídicos".
En lo que respecta a las competencias de incendios, caza, pesca, vías pecuarias, montes, espacios naturales protegidos, protección de los ecosistemas, prevención ambiental o vertidos, la Comunidad de Castilla y León "solo las ha asumido sobre el papel", ya que es "imposible" que los agentes medioambientales y forestales puedan hacer cumplir las leyes "debido a su desestructuración y falta de promoción interna real".
"Desconsideración" de la Junta
Para la agrupación sindical, la privación de los medios más esenciales, incluso para su propia seguridad; sus vehículos destartalados; o la falta de un uniforme reglamentado, entregando la propia administración prendas idénticas a personas que no tienen la consideración de agentes de la autoridad, "con los perjuicios que dicho disfraz provoca al ciudadano", son ejemplos de la "incomprensible desconsideración" que la Junta tiene con su "único cuerpo" de funcionarios de policía judicial genérica y policía administrativa.
"El mismo consejero que ostenta la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, o la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo Nacional de Policía con Distintivo Blanco, debe dignificar y convertir "en un cuerpo moderno y efectivo a los agentes medioambientales que, después de más de 130 años de historia se muere de inanición", lamenta CSI-F, si no se devuelven las competencias en materia de custodia y policía del medioambiente, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no ejerce de forma efectiva", han significado.
Por otro lado, han indicado que ya pidieron durante la "negociación" de la oferta de empleo público de 2015 una tasa de reposición del 50%, para todo el personal implicado en la prestación de los servicios de extinción de incendios (más de 300 plazas contabilizadas) que incluye a los letrados que ahora se echan en falta, y que tendrían que impulsar y tramitar expedientes relativos a incendios forestales, tanto sancionadores como de reclamación de daños y de gastos de extinción.