Esta ONG destaca en su informe del día 13 que en materia de contratación solo cumplen la normativa, otras dos capitales de Castilla y León.
El concejal de Modernización, Ángel Hernández, ha indicado que la ordenanza sobre Transparencia, además de incluir propuestas de los grupos, va a ser “más ambiciosa” con la incorporación de nuevos indicadores como los del índice ITA (Índice de Transparencia Internacional).
El responsable municipal espera poder llevar este borrador a la próxima comisión y seguir con el proceso para su visto bueno. Hernández también es optimista a la hora de llegar a un consenso con el texto final “y ojalá podamos aprobar este documento por unanimidad ya que sería positivo que nos sumáramos todos en un tema tan importante”. En este sentido, como miembro del equipo de gobierno municipal ha indicado que “la transparencia y la participación son columnas vertebrales de la acción de gobierno y vamos a seguir en esa línea”.
El concejal ha recordado que la pasada semana, el 13 de junio, la ONG publicó un nuevo estudio sobre el grado de cumplimiento de los indicadores de transparencia en materia de Contratación y fue el Ayuntamiento de Soria, de nuevo, uno de los más destacados. Soria, Palencia y Ávila son los únicos que cumplen en Castilla y León y menos de un 50% lo hacen según el ratio elaborado analizando a más de 110 de toda España.
Transparencia Internacional España realizó en 2016, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) dos análisis (uno en enero y otro en julio) del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional), en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. Ambos análisis vinieron a poner de manifiesto el clamoroso incumplimiento de esta normativa legal por parte de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto ayuntamientos, como comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones provinciales y universidades públicas.
En mayo de 2017, TI-España y el OCP han realizado un tercer análisis de este nivel de cumplimiento, en el cual se pone de manifiesto una mejora a este respecto en algunas de estas instituciones, si bien sigue siendo demasiado alto y preocupante el nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas de este país. A continuación se indican las cifras concretas por tipos de entidades: De los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados, eran solo 29 en enero, y 33 en julio de 2016, los que cumplían esta obligación legal. En mayo de 2017 ha aumentado de forma clara este número, pasando a ser 56 las corporaciones locales que publican en la PCSP, lo que indica que es aproximadamente la mitad de los 110 grandes Ayuntamientos los que cumplen esta obligación.
Por otro lado, Ángel Hernández se ha referido también al informe del Procurador del Común sobre la elaboración de datos y acceso a la información y ha confirmado que “se está facilitando peticiones y elaborando otras, que son más complejas y exigen un trabajo más exhaustivo de los departamentos. Tenemos que salvaguardar que los servicios mantengan su trabajo ordinario y hacerlo compatible con esta elaboración de datos. Consideramos que los hechos serán nuestro mejor aval para demostrar que seguimos estas recomendaciones del Procurador”. Sí ha matizado que, desde los propios servicios jurídicos, sí se mantienen discrepancias en el punto relativo a la elaboración de informes.
Por último, ha insistido que “al margen de esta información por escrito que puede exigir una mayor elaboración, los concejales del equipo de gobierno responden en todas las comisiones a los ruegos y preguntas de la oposición, incluso en aquellas extraordinarias que no lo incluyen en el orden del día, y tienen las puertas abiertas de sus despachos para explicar cualquier duda”.