Castilla y León ofrece diálogo permanente al sector del juego para garantizar seguridad jurídica y proteger a los más vulnerables

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado hoy el XVII Congreso de Juego de Castilla y León, que se celebra en la ciudad de Ávila y que pretende ser un foro abierto de información y reflexión para todos los sectores relacionados con el juego privado presencial a nivel nacional, y especialmente los que desarrollan su actividad en esta Comunidad autónoma. Según el consejero, “este congreso nació como una experiencia pionera de organización pública de un evento de esta naturaleza en toda España, centrada en el debate teórico y nunca como una feria de naturaleza expositiva”.

Todos los sectores relacionados con el mismo, y especialmente las asociaciones de personas que padecen problemas con el juego, coinciden en que esta actividad no debe ser proscrita, sino adecuadamente regulada, para así garantizar su adecuada práctica, su interés e importancia social, y evitar con ello la aparición de actividades clandestinas.

Por eso mismo, la Junta de Castilla y León otorga una importancia crucial a dicha regulación, que siempre debe producirse teniendo en cuenta las reivindicaciones de todos los actores implicados: no sólo de las empresas privadas, sino también de los consumidores y usuarios, de las asociaciones de jugadores rehabilitados, y de los responsables públicos de áreas relacionadas con la salud pública, los servicios sociales, la educación o los tributos.

En este sentido, todas las iniciativas normativas y de gestión son consensuadas y negociadas desde la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y este congreso se revela como una cita de enorme utilidad de cara a evaluar la implantación y el resultado de las medidas que se van adoptando, al tiempo que constituye un foro destinado a escuchar las necesidades y las reivindicaciones de todos los implicados.

En palabras de González Gago, “la política del Gobierno de Castilla y León sobre el juego y las apuestas siempre ha tenido dos claros objetivos: hacer una política de juego responsable para los consumidores y usuarios, y ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial, haciendo que conozcan con certeza las exigencias que la Administración les va a imponer en su actividad, otorgándoles estabilidad y futuro”.

Además, el consejero ha asegurado que, gracias a esta estricta regulación y a la actividad responsable del sector empresarial privado, el juego en Castilla y León se practica en un volumen moderado en cuanto a personas jugadoras, a cuantías jugadas y a establecimientos existentes.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con más de 450 empresas dedicadas al sector del juego, que dan trabajo a unas 2.000 personas, y que aportan anualmente una cifra cercana a los 61,2 millones de euros a las arcas públicas. En definitiva, el juego privado presenta todas las características para que pueda ser calificado como una actividad socialmente normalizada.

En este sentido, González Gago ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a los departamentos estatales competentes en materia de juegos públicos o semipúblicos presenciales que otorgan premio inmediato, así como del juego telemático que se desarrolla por internet, a través de tabletas o teléfonos móviles, y ha asegurado que “gran parte de la problemática actual de juego compulsivo y de su posible incremento, especialmente entre los jóvenes, viene derivada de estas modalidades de juego, cuya regulación y control es de la exclusiva competencia y responsabilidad del Estado”.

Balance y futuro normativo

El gran hito de política autonómica en materia de juego en los últimos años ha sido la aprobación de la Ley de 15 de marzo de 2024, de modificación de la Ley de 1998 reguladora del juego y las apuestas en la Comunidad de Castilla y León, una norma que, en consonancia con el espíritu de consenso antes reseñado, fue sacada adelante gracias a la colaboración de los subsectores del juego y de las asociaciones de personas con problemas de adicción.

Gracias a esta ley, se han implantado una serie de novedades de mayor garantía para el correcto funcionamiento de los establecimientos de juego. Entre ellas, destaca la fijación de un nuevo régimen de distancias mínimas entre estos establecimientos de 300 metros, y la ampliación de la distancia de estos establecimientos a centros de enseñanza, que ha pasado de 100 a 150 metros.

Además, la nueva norma obliga a la necesaria autorización administrativa previa a cualquier acción publicitaria o de promoción. Esta obligación se articulará a través de un nuevo reglamento, cuyo período de consulta pública ha finalizado recientemente. Por otro lado, esta ley potencia el control individual y específico en cada una de las entradas a los salones de juego y las casas de apuestas, igualando este control al ya existente en casinos y bingos.

Destino de los ingresos proenientes de sanciones y multas

Una de las medidas con un carácter social más marcado contempladas en esta ley es el destino de los ingresos provenientes de multas y sanciones a los establecimientos, cuyo importe va preferentemente destinado a la financiación de programas de prevención y rehabilitación de la ludopatía, a campañas y acciones formativas de prevención, y a programas sociales, educativos y de salud pública de carácter general.

Por último, la ley regula en un nuevo título las políticas de juego responsable, con el objetivo de crear un entorno de juego seguro y consciente. Dentro de este apartado, la norma regula la creación de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable, que tiene como misión la elaboración y el seguimiento de una nueva Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, y cuya regulación, a través de decreto, ya se está tramitando para que pueda entrar en funcionamiento a principios de 2025.

Además, y continuando con el futuro más inmediato, el consejero de la Presidencia ha señalado que el Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, en línea con la filosofía general de moderación de impuestos, contempla la congelación de los tributos de juego y apuestas, que permanecerán en la misma cuantía que en el presupuesto vigente.

Decreto sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias

Por otro lado, y volviendo a la futura normativa específica de juego y apuestas, el Gobierno regional ya está implicado en el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, ante el crecimiento del número de solicitudes de este tipo.

Por último, cabe reseñar que en 2025 se abordará la modificación de las cinco normas reglamentarias que afectan a los diferentes subsectores (casinos, bingos, salones de juego, establecimientos de apuestas, y máquinas de juego) para adaptarlos a la nueva ley, y así seguir ofreciendo seguridad jurídica a todas las empresas implicadas.

González Gago ha agradecido a todos los asistentes al congreso su participación y compromiso a través de sus valiosas aportaciones para seguir avanzando en un funcionamiento del juego privado respetuoso con la ley, comprometido con la sociedad, y seguro para su práctica por los ciudadanos, y ha reconocido que “la amplia labor desarrollada por la Consejería de la Presidencia durante estos últimos años no habría sido posible, ni lo será en un futuro, sin la colaboración que vienen ejerciendo todos los demás interlocutores y partícipes que intervienen en el mundo del juego”.