Declarada la nulidad de impacto ambiental para una granja porcina en Monteagudo con 7.000 reproductoras

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria ha dictado sentencia sobre el recurso interpuesto por SEO/BirdLife anulando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la autorización ambiental concedida para la instalación de una explotación porcina intensiva de 6.990 plazas de recría de reproductoras en el municipio de Monteagudo de las Vicarías (Soria).

La sentencia del Juzgado estima las "graves carencias del estudio de impacto ambiental del proyecto, que no contenía una evaluación exhaustiva de los efectos a la Red Natura 2000 y a la ZEPA 'Monteagudo de las Vicarías' en la que se inserta la macrogranja, ni tampoco analizaba los posibles impactos acumulativos o sinérgicos en relación con otros proyectos de los que es titular el promotor en la zona", explican en la agrupación SEO/BirdLife, promotora del recurso de dicha declaración, que recibió el dictamen favorable en mayo de 2023. Previamente, el Ayuntamiento de la localidad y la asociación de productores de porcino de Soria (Aporso) celebraron un acto conjunto para respaldar el proyecto.

Además, el Juzgado dispone que el proyecto deberá someterse a una autorización de uso excepcional en suelo rústico, con la que no contaba, como paso previo a la obtención de la licencia urbanística municipal. Otros de los motivos de la nulidad del acto administrativo que autorizaba la explotación han sido las deficiencias en la tramitación y contenido de su plan de gestión de purines, cuya ampliación no fue sometida a información pública, o presentar un plan de desratización utilizando rodenticidas como la warfarina, prohibida en España, tal y como aseguran en la parte denunciante.

Aunque la sentencia es aún recurrible, en SEO/BirdLife continuarán defendiendo, en el marco del proceso judicial y frente a la Junta de Castilla y León, la necesidad de una adecuada evaluación del impacto ambiental del proyecto por su afección a la Red Natura 2000, la importancia de realizar evaluaciones ambientales estratégicas en los casos de desarrollos conjuntos de proyectos, como el anulado, en una misma zona y pertenecientes al mismo promotor, o la consideración de este tipo de desarrollos como industriales e incompatibles con zonas protegidas.

Valor ambiental de la zona

La demanada fue presentada en septiembre pasado alegando "graves irregularidades" en el proceso de autorización. La explotación, con capacidad para 6.990 plazas de recría de reproductoras de porcino, tenía prevista su ubicación en un área que según los denunciantes alberga al menos 26 especies de aves protegidas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (21) o el Catálogo Español de Especies Amenazadas (5), como el sisón común (en peligro de extinción), el alimoche común y el aguilucho cenizo, entre otras. Además, el proyecto afectaría a hábitats prioritarios en la Unión Europea, como son las zonas subestépicas de gramíneas y pastizales, claves para la biodiversidad del área.

La organización ambientalista ha reitedo su firme compromiso de colaboración con administraciones y sectores productivos para encontrar alternativas que respeten el medio ambiente y sean al mismo tiempo fuente de riqueza, pero eso exige que se cumpla y se refuerce la normativa que protege espacios como la Red Natura 2000, que es una herramienta garantista para preservar la rica biodiversidad de España y Europa.

"Hemos presentado alegaciones a otros proyectos de macrogranjas cuyo proceso de autorización está en marcha y que están planeados en la Red Natura 2000 de Castilla y León, por lo que solicitamos al Gobierno de esta comunidad autónoma y a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente la evaluación exhaustiva de su impacto ambiental en estas zonas", apuntan en SEO/BirdLife.

Según David de la Bodega Zugasti, responsable del Programa Legal de la agrupación, “el resultado obtenido mediante esta sentencia se enmarca y reconoce el objetivo de SEO/BirdLife para una correcta evaluación ambiental de las distintas instalaciones y proyectos que se autoricen en la Red Natura 2000, para compatibilizar el desarrollo económico y social en estas zonas y al mismo tiempo garantizar su protección".