Huelga sanitaria sí, pero…

La crisis de la sanidad pública no es un fenómeno que se haya producido en la actualidad. La situación de “maltrato” con que las diversas administraciones nos han tratado, no sólo a los médicos sino a todos los integrantes de nuestro sistema asistencial, ha sido una constante a través del tiempo. Como médico que ha trabajado durante cerca de cuarenta años en el sistema público, y casi diecisiete de ellos en el Hospital Santa Bárbara, no voy a tener la desvergüenza de erigirme en portavoz de las aspiraciones de los colectivos de enfermeros, ni de los celadores, ni de los administrativos del sistema.

Me ceñiré al colectivo médico, al que pertenezco, pero sin olvidar que la crisis afecta a todo el sistema y que las aspiraciones de los colectivos no médicos presentan también incumplimientos y necesidades. No hay sanidad pública sin médicos, pero tampoco la hay sin enfermeros, sin celadores y sin administrativos. Todos somos indispensables para sostener un sistema público asistencial universal sostenido por los impuestos de todos los españoles. Son muchos los problemas que el sistema presenta, pero la creciente “colaboración público-privada” conduce a que se origine un desvío de “fondos” a la empresa privada con la consiguiente disminución de los destinados a “lo público”.

Este sistema evoluciona hacia su deterioro y una de sus causas es este patrocinio de la “empresa privada sanitaria”. Junto a esta deriva de recursos económicos a “lo privado” el sistema intenta mantenerse, con presupuestos insuficientes cargando las necesidades asistenciales en los hombros de los colectivos humanos que realizan dicha asistencia: personal insuficiente, honorarios inadecuados y aplicación de normas laborales que nos colocan fuera de la legislación común.

Voy a referirme al colectivo médico ya que no me considero capacitado para representar o para defender las aspiraciones de los otros grupos que conforman la estructura del sistema, pero defiendo también el derecho de enfermeras, celadores o administrativos a intentar alcanzar sus lógicas aspiraciones laborales. Es por ello por lo que, a pesar de que estoy de acuerdo con la huelga como método de solicitar y exigir la resolución de los conflictos, no defiendo la petición de un “Estatuto Marco” propio y exclusivo de la clase médica.

En la sanidad pública resulta “insustituible” la colaboración de todos los grupos citados y creo que el Estatuto Marco ha de ser global, aunque incluya especificaciones y apartados que consideren las diferencias existentes en la actuación y la responsabilidad de cada uno de los grupos. No hay asistencia sanitaria sin el concurso de los médicos, pero tampoco resultaría posible sin la colaboración de “enfermeros, celadores y administrativos”.

Hay que considerar que el “médico español” es el peor pagado de los que ejercen en toda la Comunidad Europea. En Alemania, Suiza, o los Países Nórdicos, los honorarios se mueven entre los cien mil y los ciento cincuenta mil euros al año. El médico español no supera los cincuenta y cuatro mil euros por año. Incluso en Grecia o en Portugal sus honorarios superan a los existentes en nuestro País. Y, el caso de los médicos internos y residentes es aún más sangrante.

Tras seis años de carrera universitaria y una dura oposición, un residente no cobra más allá de mil cuatrocientos euros al mes. Y, cerrando el circulo, no debemos olvidar que las otras profesiones sanitarias citadas tienen el mismo problema. Creo que hay suficientes argumentos para motivar la convocatoria de una actuación tan legal y constitucional como es una huelga.

Son muchas las cuestiones a considerar y, probablemente, el problema de la “representatividad” del grupo médico en los “comités de empresa” sea también una aspiración médica que resulta preciso solucionar, pero a pesar de lo dicho no me parece aceptable defender la creación de un Estatuto Marco propio para uno de los componentes del sistema, sino que es preciso conseguir una “normativa legal común” para todos los integrantes del sistema preventivo y asistencial, aunque resulte preciso establecer matizaciones, dentro del Estatuto común, que recojan las aspiraciones lógicas de cada actividad concreta.