La Junta de Castilla y León mantiene su silencio ante la investigación por presunta prevaricación continuada en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró a Soria Noticias que “no hay ninguna novedad” sobre el caso, pese a las preguntas sobre el alcance administrativo de las supuestas irregularidades y la reorganización de los cargos tras las dimisiones.
La falta de información institucional continúa marcando la posición del Ejecutivo autonómico respecto a una investigación que ha sacudido la estructura sanitaria en la provincia de Soria. A preguntas de SoriaNoticias, el portavoz de la Junta ha insistido hoy en que no existen avances que permitan aclarar ni el alcance de las presuntas irregularidades ni las responsabilidades internas derivadas de los hechos.
“No hay ninguna novedad en este asunto y me parece que ni siquiera las personas que usted menciona han sido llamadas a declarar”, afirmó Fernández Carriedo. “Informaremos en el momento en que tengamos información al respecto o la ocupación de las nuevas responsabilidades”, ha añadido sin estimar una fecha.
La Junta mantiene así el silencio diez días después de que el director gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el responsable del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez, quedaran en libertad con cargos tras declarar ante el juez el pasado 24 de marzo. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por presunta prevaricación continuada vinculada a decisiones en la gestión económica de la sanidad pública provincial.
En el plano político, el caso tendrá continuidad en las Cortes de Castilla y León a partir del 14 de abril, cuando se constituya el nuevo periodo parlamentario. El PSOE ya ha anunciado una batería de preguntas dirigidas a esclarecer si existían informes previos, qué controles se ejercieron sobre la gestión investigada y qué falló en los mecanismos de supervisión.
La negativa de la Diputación Permanente a considerar urgente la comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha pospuesto el debate político. Mientras tanto, la Junta mantiene un discurso contenido, sin concretar el alcance administrativo del caso ni los posibles efectos internos en la estructura sanitaria de Soria.
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