La Inspección de Trabajo confirma las carencias en habitabilidad, higiene y seguridad denunciadas por UGT en las bases de Transporte Sanitario

La situación del transporte sanitario en la provincia de Soria vuelve al foco público tras la confirmación, por parte de la Inspección de Trabajo, de las deficiencias denunciadas por UGT hace apenas un mes. El informe de la Inspección respalda de forma mayoritaria las reclamaciones del sindicato y evidencia problemas estructurales en las 13 bases donde operan los técnicos de emergencias sanitarias, tanto en condiciones materiales como organizativas.

El servicio, dependiente de la Junta de Castilla y León, pero gestionado por una empresa privada, presenta carencias que afectan directamente al día a día de los trabajadores y, de forma indirecta, a la calidad asistencial, según la denuncia de UGT.

Las bases —espacios donde los profesionales esperan avisos y descansan durante sus turnos— no reúnen, en muchos casos, las condiciones mínimas exigibles para un entorno laboral.

Entre los aspectos más relevantes señalados por la Inspección figuran la falta de espacios adecuados de descanso, la ausencia de privacidad, deficiencias en equipamiento básico y problemas en la gestión de los equipos de protección individual. En algunos casos, los trabajadores han tenido que aportar electrodomésticos, camas o ropa de descanso para poder desempeñar su labor en condiciones mínimas.

Los inspectores cursaron visita en las bases de Almazán, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ágreda y, tras comprobar que en todas coincidían las mismas deficiencias y carencias, hace extensivo su informe a la totalidad de las bases de la provincia.

El informe ha sido detallado hoy en una rueda de prensa conducida por Ignacio Mialdea, secretario general de Servicios Públicos de UGT Soria, Tomás Pérez Urueña, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, María Yusta, del Transporte Sanitario de UGT Soria y por Marta Vián, secretaria de Transporte Sanitario de Servicios Públicos de UGT Castilla y León,

En ella, UGT ha recordado que “no se puede improvisar en las dependencias donde se aparcan los vehículos y en las áreas de descanso de los trabajadores” y ha vuelto a denunciar ante la opinión pública que existen bases donde “todo está en una misma estancia, sin garantizar ni la privacidad ni el descanso adecuado”.

Lavar en casa ropa con riesgo biológico

Uno de los puntos más críticos del informe de la Inspección de Trabajo tiene que ver con la gestión de la ropa de trabajo. La Inspección recoge que es responsabilidad de la empresa “el lavado, descontaminación o destrucción de las prendas utilizadas en intervenciones, especialmente aquellas con riesgo biológico”. Sin embargo, se han detectado casos en los que los propios trabajadores han tenido que llevarse esta ropa a sus domicilios.

Desde el sindicato advierten de que esta práctica “está completamente prohibida” y supone “un riesgo evidente”, al tratarse de intervenciones que pueden implicar contacto con sangre u otros fluidos.

En este sentido, reclaman que la empresa garantice la reposición constante de equipos limpios y adecuados para cada servicio.

Medicamentos a 40 grados

Las deficiencias también afectan al estacionamiento de las ambulancias. Según UGT, muchos vehículos permanecen a la intemperie o bajo estructuras precarias, lo que provoca exposiciones a temperaturas extremas. “No puede ser que una ambulancia esté a muy bajas temperaturas en invierno o a 40 grados en verano”, señalan, advirtiendo del impacto que esto puede tener en la conservación de la medicación, los equipos electrónicos y en la consiguiente atención a los pacientes.

El sindicato incide además en la falta de reconocimiento profesional de los trabajadores. Aunque para acceder al puesto se exige una titulación de Formación Profesional como técnico en emergencias sanitarias, en la práctica figuran como conductores o camilleros. “Creemos que es de vital importancia que se les reconozca la categoría profesional y que esto se refleje en sus nóminas, contratos y condiciones laborales”, reclaman.

La problemática no se limita a las condiciones físicas de las bases. La Inspección también alerta sobre posibles riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo, las condiciones de descanso y el entorno laboral. UGT advierte de que estas circunstancias “pueden generar consecuencias negativas para la salud y la seguridad de los trabajadores” si no se corrigen.

En Soria se cobra menos que en el resto de la Comunidad

En términos retributivos, el sindicato denuncia una desigualdad entre provincias. Los trabajadores de Soria perciben salarios inferiores a los de otros territorios de Castilla y León debido al calendario de licitaciones. Hasta 400 euros menos al año, asegura el sindicato. Por ello, solicitan a la empresa que adelante las mejoras salariales ya aplicadas en otras provincias. “No puede haber trabajadores de primera y de segunda”, insisten.

UGT sitúa también el foco en la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, a la que acusa de falta de control sobre el servicio. “No teníamos que haber ido a la Inspección de Trabajo; la Junta tenía que haber actuado de oficio”, señalan, recordando que la administración mantiene la competencia sobre el transporte sanitario aunque esté externalizado.

En la provincia de Soria, entre 200 y 250 trabajadores desarrollan su labor en unas trece bases. Para el sindicato, la situación descrita no responde a casos aislados, sino a un problema estructural que requiere una intervención urgente.

Con la vista puesta en la Junta

UGT ha anunciado su intención de abrir una vía de negociación con la empresa para corregir las deficiencias detectadas en un plazo breve, con el objetivo de que las bases estén adecuadas antes del verano. Mientras tanto, el sindicato mantiene la presión sobre la administración autonómica para que asuma un papel más activo en la supervisión del servicio.

“El transporte sanitario es la primera puerta de entrada al sistema público de salud en muchas ocasiones”, recuerdan desde la organización, “y no puede prestarse en condiciones que no garanticen ni la dignidad de los trabajadores ni la seguridad de los pacientes”, han reclamado los responsables sindicales apuntando sus críticas directamente a la Junta de Castilla y León.