Finaliza la tercera semana de huelga médica con 2.247 consultas suspendidas y sin visos de solución

La huelga de batas blancas ha cerrado su tercera semana consecutiva —en el marco del tercer mes de paros semanales— con un nuevo impacto en la actividad asistencial y sin avances en la negociación. Los paros, que en esta ocasión han contado con un día menos al coincidir el viernes con festivo, han dejado un balance de 2.247 consultas suspendidas, 139 pruebas diagnósticas aplazadas y 65 intervenciones quirúrgicas canceladas.

El seguimiento registrado este jueves en la provincia se ha situado en el 28,78 % de media, con una mayor incidencia en Atención Especializada, donde ha alcanzado el 34,78 %, frente al 21,84 % de Atención Primaria. Se trata de cifras que reflejan una participación desigual entre niveles asistenciales, pero que mantienen el pulso de las movilizaciones en un conflicto que se prolonga ya durante tres meses.

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento medio en el turno de mañana ha sido del 21,59 %, según los datos de la Gerencia Regional de Salud en las once áreas sanitarias. Por ámbitos, el paro ha llegado al 26 % en Atención Hospitalaria y al 13 % en Atención Primaria dentro de los centros de Sacyl, lo que evidencia una menor incidencia en el primer nivel asistencial a escala autonómica.

La movilización también ha tenido su reflejo en la calle. La manifestación celebrada este miércoles en Valladolid, a la que acudió una delegación de media docena de profesionales sorianos, reunió a unas doscientas personas en su inicio y concluyó con alrededor de cuatrocientas. Durante la protesta, los asistentes dirigieron sus críticas a la actual ministra de Sanidad, a quien recordaron que las reivindicaciones que hoy sostienen coinciden con las que ella misma defendía en su etapa como anestesióloga antes de su entrada en política y pidieron la implicación directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbloquear la negociación.

El núcleo de las reivindicaciones del colectivo médico pasa por la aprobación de un estatuto profesional propio que regule sus condiciones laborales. Entre sus principales demandas figura la fijación de una jornada obligatoria de 35 horas semanales, frente a las 45 planteadas por el Ministerio, aunque con reducciones progresivas hasta las 42 y 40 horas. También exigen una reorganización del sistema de guardias, con horarios más ajustados, una remuneración acorde y su cómputo íntegro a efectos de cotización para la jubilación.

A ello se suma la petición de aplicar un coeficiente reductor por penosidad que permita adelantar la edad de retiro, así como una reclasificación profesional específica equiparable a la de los magistrados. Los facultativos argumentan que esta medida debe reconocer tanto la duración de su formación —seis años frente a los cuatro de otros grados— como el nivel de responsabilidad inherente al ejercicio médico.

Con este escenario, el conflicto continúa abierto y sin una salida inmediata. Mientras tanto, los paros siguen dejando huella en la actividad asistencial y tensan un sistema sanitario que afronta ya semanas de alteraciones en su funcionamiento ordinario.