La antesala de la asamblea anual de ASAJA Soria ha servido para lanzar un mensaje contundente: la actividad agraria atraviesa una crisis de rentabilidad que pone en cuestión su continuidad. Entre costes de producción al alza, precios estancados y una presión creciente de factores externos —desde conflictos internacionales hasta acuerdos comerciales—, agricultores y ganaderos advierten en Soria de un punto de inflexión.
El campo de Soria y, por extensión, el de Castilla y León, afronta una campaña marcada por la incertidumbre productiva y, sobre todo, por la falta de rentabilidad. A las puertas de la asamblea anual de ASAJA Soria, el presidente autonómico, Donaciano Dujo, y la responsable provincial, Ana Pastor, han sintetizado el diagnóstico en una frase que resume el malestar del sector: "trabajando nos estamos arruinando".
Su análisis ha partido de una aparente normalidad en la situación del campo. Las lluvias recientes han mejorado el aspecto de los cultivos y favorecido los pastos, lo que permite anticipar una cosecha media si la meteorología acompaña en las próximas semanas. Sin embargo, el problema no está tanto en la producción como en su valor económico.
Los costes de explotación se han disparado hasta niveles difícilmente asumibles, han coincidido los responsables de ASAJA, que suma 1.300 asociados en Soria. "Hoy, una hectárea de secano tiene unos costes de hasta 900 euros por hectárea; si vamos a coger 3.000 o 3.500 kilos a menos de 200 euros, el resultado es un margen negativo que compromete la viabilidad de las explotaciones", ha calculado Dujo.
La consecuencia, han advertido, puede ser estructural: el abandono progresivo del cereal en territorios como Soria donde apenas existen alternativas por las condiciones de suelo, altitud y clima.
Este desequilibrio tiene implicaciones más amplias. Castilla y León, tradicionalmente considerada el "granero de España", podría dejar de desempeñar ese papel si no se corrige la tendencia, amenazan los responsables del sindicato.
En el origen de esta crisis confluyen varios factores. Entre ellos, el impacto de los conflictos internacionales. La invasión de Rusia en Ucrania ya tensionó los mercados de cereales y de insumos. A ello se suma la inestabilidad en Oriente Medio, que ha elevado los costes energéticos y, con ellos, el precio de carburantes y fertilizantes.
A este contexto se añade la política comercial de la Unión Europea, advierte Dujo. La entrada en vigor del acuerdo con Mercosur es vista por el sector como un elemento de competencia desleal.
La ganadería añade otro frente de vulnerabilidad. Aunque las explotaciones de Castilla y León presentan altos niveles de bioseguridad, persisten amenazas sanitarias relevantes.
Enfermedades como la tuberculosis, la peste porcina africana y la dermatosis, o la preocupación por epizootias emergentes mantienen en alerta al sector.
A ello se suma el papel de la fauna silvestre como vector de transmisión, una cuestión que los ganaderos consideran insuficientemente abordada por la Junta de Castilla y León.
ASAJA delega en las administraciones una parte importante de la responsabilidad ante la pérdida de rentabilidad del campo. En el ámbito autonómico, ASAJA denuncia la falta de medidas efectivas por parte de la Junta de Castilla y León para aliviar el incremento de los costes de producción. A juicio del sector, no se han articulado respuestas suficientes en aspectos clave como el apoyo directo a fertilizantes, carburantes o la modernización de explotaciones, lo que deja a los agricultores sin herramientas para compensar el encarecimiento de su actividad.
La crítica al Gobierno de España se centra en la insuficiencia y lentitud de las ayudas adoptadas. ASAJA reprocha además la falta de una estrategia sólida para defender la rentabilidad agraria, así como la debilidad en la negociación de políticas que protejan al productor nacional frente a un mercado cada vez más tensionado.
En el plano europeo, las acusaciones son más contundentes. El sector señala a la Unión Europea como principal responsable del rumbo actual, tanto por el diseño de la Política Agraria Común como por su política comercial. Se critica la imposición de normativas consideradas excesivas o alejadas de la realidad productiva, al tiempo que se impulsan acuerdos como Mercosur, que —según ASAJA— introducen competencia desleal al permitir la entrada de productos de terceros países con menores exigencias.
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