Soria llega a marzo sin concursos de empresas, pero con 23 particulares insolventes y sin patrimonio

Soria mantiene una de las menores tasas de conflictividad judicial en materia económica del país, aunque el perfil de las insolvencias que llegan a los tribunales revela una realidad preocupante: quienes recurren al concurso son exclusivamente particulares y, además, carecen de bienes para afrontar el procedimiento.

Los órganos judiciales sorianos tramitaron durante el primer trimestre de 2026 un total de 23 concursos de acreedores, todos ellos correspondientes a personas físicas y no a empresas, según las estadísticas sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales publicadas hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

Los 23 procedimientos fueron declarados concursos sin masa, una figura prevista para aquellos deudores que carecen de patrimonio suficiente para cubrir siquiera los costes del propio proceso concursal. En otras palabras, se trata de ciudadanos que llegan a la justicia en una situación de insolvencia prácticamente absoluta.

De los procedimientos iniciados, dos pasaron directamente a la fase de liquidación, mientras que ninguno alcanzó la fase de convenio con los acreedores.

Casi 300 reclamaciones de deudas

La jurisdicción civil concentró un importante volumen de procedimientos monitorios. Entre enero y marzo se registraron 292 demandas de este tipo, un mecanismo utilizado para reclamar deudas económicas de forma rápida cuando existe documentación que las acredita.

En el mismo periodo también se contabilizaron 10 ejecuciones hipotecarias, una cifra limitada que confirma la estabilidad del mercado inmobiliario provincial en comparación con otros territorios.

Dos lanzamientos en tres meses

Los datos reflejan además una incidencia muy reducida de los desalojos judiciales. En total se practicaron dos lanzamientos, uno derivado de una ejecución hipotecaria y otro de un procedimiento sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Asimismo, no se registró ningún procedimiento verbal posesorio por ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que continúa teniendo una presencia prácticamente testimonial en la provincia.