La Junta de Castilla y León ha reiterado su apoyo a la apertura cuanto antes del nuevo tramo de la Autovía del Duero (A-11) entre Tudela de Duero y Peñafiel, aunque insiste en que la puesta en servicio de los 31 kilómetros ya finalizados debe ir acompañada de medidas que garanticen la seguridad del tráfico desviado por la VA-101. El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido la búsqueda de un acuerdo técnico con el Ministerio de Transportes para compatibilizar la inauguración con un dispositivo que permita absorber el fuerte incremento de vehículos previsto en esa carretera convencional.
La Junta de Castilla y León mantiene que la prioridad es abrir "cuanto antes" el nuevo tramo de la Autovía del Duero (A-11), aunque condiciona esa puesta en servicio a que el desvío provisional del tráfico por la VA-101 cuente con todas las garantías de seguridad.
Así lo ha asegurado este jueves el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, después de que la reunión técnica celebrada este miércoles entre el Ministerio de Transportes, la Junta y la Diputación de Valladolid intentara acercar posturas sobre la apertura parcial de la infraestructura, pendiente de la finalización de los últimos tres kilómetros, donde se encuentra el puente sobre el río Duero.
"Nuestro objetivo es que se ponga en servicio cuanto antes", afirmó Carriedo, quien subrayó la voluntad de colaboración de la Junta con el Gobierno, aunque insistió en que cualquier solución provisional debe garantizar "el máximo nivel de seguridad".
El consejero recordó que la apertura obligará a desviar temporalmente parte del tráfico por una carretera convencional que "no es de alta capacidad" y que no fue diseñada para asumir el volumen de circulación previsto.
La propuesta que actualmente estudian las administraciones contempla abrir aproximadamente 31 de los 34,3 kilómetros del tramo entre Tudela de Duero y Peñafiel. Para ello, los vehículos ligeros accederían a la autovía a través de la VP-3002 hasta Villabáñez, recorrerían 26 kilómetros por la A-11 y volverían a salir por la VP-3001 hacia Pesquera de Duero para enlazar con la VA-101 hasta Peñafiel. Los camiones, en cambio, serían desviados por la N-122 para evitar su incorporación al itinerario provisional.
Aunque el Ministerio ha trasladado un informe favorable de la Dirección General de Tráfico (DGT), Carriedo ha asegurado que ese documento "merece todo el interés" y constituye un elemento importante para la toma de decisiones, pero recordó que existen otros factores que también deben valorarse.
Entre ellos, ha citado el fuerte incremento previsto de circulación por la VA-101. Según los datos de la Junta, esta carretera registra actualmente una intensidad media diaria de 1.800 vehículos, de los que unos 200 son pesados. Con la apertura parcial de la A-11, las previsiones elevan esa cifra hasta unos 4.800 vehículos ligeros diarios y alrededor de 400 camiones.
"Son elementos a tener en cuenta", ha indicado el portavoz, quien insistió en que el objetivo es garantizar que esa vía pueda absorber provisionalmente ese volumen de tráfico "con la máxima seguridad".
Carriedo rechaza plantear la situación como una disyuntiva entre abrir o no la autovía y ha defendido que ambos objetivos son compatibles. "Queremos que se abra cuanto antes un tramo concreto de la autovía y queremos que se haga con la máxima seguridad posible", ha insistido, al tiempo que ha llamado a seguir buscando "el mayor encaje posible" entre las distintas administraciones.
En ese sentido, ha destacado que el diálogo técnico continúa abierto y confió en que sea posible alcanzar un acuerdo definitivo. "Estoy convencido de que, aportando todos los datos y el mejor esfuerzo por parte de cada administración, seremos capaces de encontrar un punto de encuentro", señaló.
La reunión celebrada este miércoles dejó un acercamiento en el plano técnico, aunque también evidenció el enfrentamiento político entre las administraciones. Mientras el Ministerio acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de obstaculizar la apertura, el Ejecutivo autonómico respondió reclamando "máxima lealtad institucional y coordinación entre administraciones", al tiempo que aseguró no haber recibido información oficial sobre la fecha de inauguración ni sobre las condiciones técnicas y administrativas necesarias para poner en servicio el nuevo tramo.
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