Lucas defiende el ‘no’ de Castilla y León al nuevo modelo de financiación que “penaliza precisamente a territorios como Soria”

La reforma del sistema de financiación autonómica que el Consejo de Política Fiscal y Financiera abordará el próximo 29 de julio tiene para Soria una lectura especialmente territorial, según la opinión contraria de la Junta de Castilla y León.

La provincia cuenta con una población reducida y muy dispersa, un extenso territorio y una estructura demográfica marcada por el envejecimiento que, según ha explicado hoy la procuradora soriana Rocío Lucas, deben tener un peso determinante en el reparto de los recursos destinados a garantizar servicios como la sanidad, la educación, la dependencia o el transporte.

Sobre esa realidad ha centrado su comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de Mariano Granados la procuradora soriana, secretaria segunda en la Mesa de las Cortes regionales, que ha defendido la posición contraria de la Junta al modelo propuesto por el Gobierno de España. La propuesta será debatida y sometida a consideración y votación en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio, con vistas a su aplicación en 2027.

Lucas ha advertido de que el modelo planteado por el Ministerio de Hacienda reduce, a su juicio, el peso de esas tres variables esenciales para territorios como Soria y ha defendido que la financiación autonómica debe tener en cuenta no solo cuántas personas viven en una comunidad, sino también las condiciones en las que las administraciones deben garantizar los servicios públicos.

En una provincia como Soria, ha explicado, la población no se concentra en grandes núcleos urbanos, sino que se distribuye por un territorio extenso y formado por numerosos municipios con una elevada proporción de personas mayores.

Menos recursos, "mayores costes"

La consecuencia, según el planteamiento del PP, es que prestar los mismos servicios exige una estructura más costosa. “Somos el 5% de la población en un 20% del territorio”, ha recordado Lucas para resumir la singularidad de Castilla y León. En su opinión, esa diferencia entre población y superficie debe reflejarse en el sistema de financiación.

La procuradora ha asegurado que, con los criterios incluidos en la propuesta del Gobierno, el peso de Castilla y León en el reparto pasaría del 6% al 5,6%. Lucas considera que esa reducción supondría menos recursos, algo más de 270 millones de euros, para una Comunidad que debe afrontar precisamente unos mayores costes derivados de su estructura territorial y demográfica.

La procuradora ha defendido un rechazo “frontal” al modelo propuesto y ha reclamado que la negociación “parta de cero” y se desarrolle con todas las comunidades autónomas. “Lo que es de todos se negocia entre todos”, ha señalado.

Lucas también ha cuestionado la posición del PSOE de Soria y de Castilla y León y ha reclamado al secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, que concrete su alternativa. Frente a lo que ha calificado de “postureo” socialista, ha defendido que el Partido Popular cuenta con un documento de unas 120 páginas en el que analiza los criterios de financiación y plantea su propio modelo.

El documento popular, que es “técnico” y no se encuentra a disposición pública, plantea qué peso deben tener la población, la superficie, la dispersión y las características demográficas de cada territorio. El objetivo, según Lucas, es que la financiación permita garantizar los servicios públicos fundamentales allí donde viven los ciudadanos, también en las provincias más despobladas y envejecidas.

El Gobierno de Castilla y León reitera así su rechazo, que une al de otras 14 comunidades autónomas que ya han expresado su “no” a la propuesta, frente a la opinión favorable de Cataluña.