Así se paga un rescate en helicóptero

El helicóptero tardó menos de una hora en llegar hasta la ladera del Pico Urbión el pasado 10 de agosto. Bajo su rotor esperaba una montañera de unos 60 años con el tobillo lesionado, incapaz de continuar el descenso por sus propios medios.

La rescatadora enfermera bajó junto a ella, le colocó una férula de vacío y la izó hasta la aeronave mediante una grúa doble con triángulo de evacuación, antes de trasladarla al campo de fútbol de Covaleda, el punto donde el 112 y Sacyl tenían pactado el traspaso sanitario.

Un rescate rutinario, de los que se repiten cada verano en la montaña soriana, aunque detrás de esa maniobra hay una maquinaria que cuesta miles de euros por hora, y una pregunta que casi siempre acaba haciéndose quien ha vivido un susto así: ¿quién paga esto?

La respuesta corta es que, en la inmensa mayoría de los casos, nadie. En España, los rescates en montaña no suponen un coste adicional para la persona afectada: 112 y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil actúan de forma gratuita, como parte del deber constitucional de asistencia que tienen las administraciones públicas ante cualquier situación de peligro para la vida o la integridad física.

Es el principio general en todo el país, y también en Castilla y León. Pero la Comunidad es una de las pocas —junto a Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco, Navarra o Cantabria— que se reserva la posibilidad de cobrar la factura cuando el rescate ha sido consecuencia de una imprudencia o un incumplimiento claro por parte del rescatado.

Esa posibilidad tiene nombre propio: la “Tasa en materia de Protección Ciudadana”, incorporada en 2012 a la Ley 12/2001 de Tasas y Precios Públicos de Castilla y León. Y tiene un precio fijado con precisión milimétrica.

Cada hora de vuelo de un helicóptero de Protección Ciudadana cuesta 1.966 euros. A eso se suma el trabajo de quienes intervienen sobre el terreno: 32,30 euros por hora de cada rescatador, 25,47 euros por hora de cada operador de logística y 37,83 euros por hora de cada técnico de mando o coordinación. La ley obliga a pagar la primera hora completa, con los derechos de salida incluidos, y a partir de ahí el cómputo pasa a hacerse por minutos.

Basta un cálculo rápido para entender la magnitud del coste medio de un rescate, nunca por debajo de los 2.000 euros en los casos más fáciles.

Ahora bien, que la tasa exista no significa que se aplique a cualquier accidente, por grave que sea. La ley es restrictiva a propósito, y solo permite cobrar cuando concurre una imprudencia o un incumplimiento concretos.

El primer supuesto es la falta de equipamiento adecuado para la actividad que se estaba realizando. El segundo, no haber atendido los avisos de alerta meteorológica emitidos por AEMET, Protección Civil o la propia Junta de Castilla y León. El tercero, acceder a una zona señalizada como peligrosa o de acceso prohibido o restringido sin autorización.

A esto se añade un supuesto distinto, el de los accidentes de tráfico o ferroviarios, incluidos los que implican mercancías peligrosas. Fuera de estos casos, la ley excluye explícitamente el cobro cuando el rescate responde a fuerza mayor, a un riesgo colectivo grave o a una calamidad pública.

Una torcedura de tobillo durante una ruta señalizada, con equipo apropiado y sin haber ignorado ningún aviso, no encaja en ninguno de esos supuestos, por lo que en principio no generaría la obligación de pago.

Cuando sí se dan esas circunstancias, la ley también deja claro quién carga con la factura. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica afectada o beneficiada por la intervención, salvo que exista un seguro que cubra ese riesgo, en cuyo caso es la aseguradora quien asume el pago en su lugar.

Si alguien simula una situación de peligro para activar el operativo sin necesidad real, la norma le atribuye directamente la responsabilidad económica. Y en los accidentes de tráfico o ferroviarios, paga quien haya causado o sea responsable del suceso. Quedan exentas del pago, en cualquier caso, las entidades del sector público autonómico y las entidades locales de la Comunidad.

Lo curioso es que, con todo este entramado normativo ya en marcha desde hace más de una década, apenas se traduce en cobros reales. La tasa funciona sobre todo como elemento disuasorio: se trata de que la gente sepa que un rescate no es gratuito en según qué condiciones y extreme la prudencia, más que de generar ingresos para la administración.