Soria da luz verde definitiva a la Zona de Bajas Emisiones: las sanciones comenzarán el uno de noviembre

El equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Soria ha aprobado hoy definitivamente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Creación y Gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el último trámite antes de su entrada en vigor. La nueva regulación establece que la zona funcionará de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 20.00 horas, inicialmente con carácter informativo, de manera que las sanciones comenzarán a aplicarse a partir del uno de noviembre de este año. Antes de su entrada en vigor, el texto íntegro deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), conforme al procedimiento establecido por la Ley de Bases del Régimen Local.

La aprobación definitiva ha vuelto a poner de manifiesto la fuerte división política que genera una medida que afectará a la movilidad de la capital. El equipo de Gobierno socialista defiende la ZBE como una herramienta para reducir los desplazamientos innecesarios de los vehículos más contaminantes y preservar la calidad del aire, mientras que PP y Vox consideran que las restricciones no están suficientemente justificadas y cuestionan su impacto sobre los ciudadanos, el comercio y la actividad económica.

La concejala Ana Alegre ha defendido la aprobación de la ordenanza y ha destacado que durante su tramitación se han habilitado canales de información destinados a resolver las dudas de los ciudadanos y explicar el contenido de la regulación.

El Ayuntamiento recibió 135 alegaciones durante el periodo de exposición pública, procedentes de organizaciones empresariales, grupos políticos y particulares. Alegre ha señalado que 120 respondían a un mismo modelo de alegación, una circunstancia que ha sido utilizada también por el equipo de Gobierno para contextualizar las críticas recibidas.

Entre las modificaciones incorporadas al texto definitivo figura una cuestión especialmente relevante para la movilidad: los vehículos sin distintivo podrán acceder a los aparcamientos subterráneos. También se elimina la obligación general de realizar determinados trámites exclusivamente por medios electrónicos.

Alegre ha insistido en que la ZBE no pretende transformar por sí sola la movilidad de Soria. La concejala la ha presentado como el inicio de un proceso que deberá ser evaluado y que busca fundamentalmente "reducir los desplazamientos innecesarios de los vehículos más contaminantes".

PP y Vox votan en contra

La aprobación ha contado con el rechazo de la oposición. Vox ha cargado contra el modelo de movilidad impulsado por el PSOE y ha relacionado las restricciones de la ZBE con las decisiones adoptadas anteriormente en materia de peatonalización, "partiendo la ciudad en dos" y la urbanización "con adoquines" del centro de la ciudad.

El portavoz del PP, Javier Jiménez, ha calificado la ZBE de “estafa” y ha justificado el voto contrario de su grupo en la falta de una demostración, a su juicio suficiente, de que la medida sea necesaria. “No se puede restringir la vida de los sorianos sin demostrar que la medida es necesaria”, ha defendido.

Jiménez ha cuestionado además que Soria tenga la obligación de aplicar estas restricciones cuando, según ha señalado, los valores de contaminación de la ciudad se encuentran dentro de los límites legales. “¿Por qué quieren imponer a los sorianos estas restricciones?”, ha planteado.

El dirigente popular ha centrado buena parte de su intervención en reclamar estudios que permitan medir la necesidad real de la ZBE. “¿Dónde está el estudio económico completo, el impacto sobre el comercio, el análisis sobre la hostelería, el estudio sobre el impacto en las personas mayores, el análisis coste-beneficio, dónde el estudio que diga cuánto van a reducirse las emisiones...?”, ha preguntado.

También ha advertido de las consecuencias que puede tener para familias y autónomos que dispongan de vehículos afectados por las restricciones. “Es muy fácil decirle a una familia que su coche funciona pero por aquí no va a poder pasar”, ha señalado, antes de preguntarse si el Ayuntamiento va a asumir el coste de sustituir los vehículos afectados.

Jiménez ha insistido asimismo en que solo una pequeña parte del parque móvil, "un 8 %", dispone de vehículos de menos de cuatro años y ha reclamado conocer cuántas personas se verán afectadas por la regulación.

El PP ha confirmado durante el pleno su intención de judicializar la ZBE, en una estrategia que su portavoz ha comparado con el recurso planteado en su día contra la quinta planta del Ayuntamiento. “Lo hicimos con la quinta planta, nos dieron la razón y lo haremos ahora”, ha afirmado.

El portavoz popular también ha cuestionado el proceso de alegaciones y ha utilizado una de ellas, relativa al acceso de los vehículos a los aparcamientos, para criticar la redacción inicial de la ordenanza: “¿De verdad que ha tenido que venir un particular para decirles que los vehículos puedan acceder a los parking?”.

"3.000 firmas en contra"

Frente a las críticas, la concejala socialista Ana Alegre ha defendido el modelo de ciudad impulsado por su grupo. Ha reconocido que Soria cuenta actualmente con una buena calidad del aire, pero ha sostenido que el objetivo es mantenerla y anticiparse a las necesidades futuras mediante una política de movilidad orientada a largo plazo. Alegre ha remarcado que la ordenanza constituye el punto de partida y que su aplicación estará sometida a evaluación.

Ante las críticas de Vox por el número de alegaciones, ha vuelto a señalar que buena parte de las presentadas correspondían al mismo modelo. Y frente al rechazo del PP, ha recordado que los populares se han adherido en anteriores legislaturas a acuerdos relacionados con la Agenda 2030, declaraciones de emergencia climática y otros compromisos vinculados a las políticas ambientales.

El PP, por su parte, ha contrapuesto a las cifras de alegaciones las 3.000 firmas que asegura haber recogido entre los ciudadanos contra la ZBE. Su grupo ha rechazado que el debate pueda resumirse en 135 alegaciones, 122 de ellas de un mismo modelo, y ha reiterado sus acusaciones contra la gestión socialista, a la que ha llegado a definir como una “red clientelar” y un “chiringuito”.

Avisos antes de sancionar

La aprobación definitiva no supone que las sanciones comiencen de inmediato. La ordenanza deberá publicarse íntegramente en el BOP antes de su entrada en vigor y, una vez implantada, hasta el 31 de octubre de 2026 la actuación tendrá carácter informativo.

Será desde el uno de noviembre cuando los incumplimientos puedan ser sancionados. La regulación establece como periodo de funcionamiento de la ZBE el comprendido entre las 7.00 y las 20.00 horas, de lunes a viernes.