La Junta defiende su modelo y delega en el Gobierno la culpa por el retroceso educativo en la Comunidad evaluado por PISA

La Junta de Castilla y León atribuye al Gobierno de España buena parte de la responsabilidad por el retroceso de los resultados educativos que refleja el informe PISA en Castilla y León, en consonancia con los malos resultados del conjunto del país, y no concreta nuevas medidas propias para corregir la pérdida de aprendizaje acumulada durante la última década.

Así se desprende de la respuesta ofrecida por el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de Soria Noticias sobre cómo pretende el Ejecutivo autonómico afrontar la pérdida sostenida de 28 puntos en las pruebas internacionales.

Una diferencia de 20 puntos en PISA equivale aproximadamente a lo aprendido durante un curso escolar, según la referencia utilizada por la OCDE. El descenso acumulado en Castilla y León durante los últimos años sitúa, por tanto, el debate en torno a una pérdida de aprendizaje equivalente a más de un curso, pese a que la Comunidad mantiene una posición destacada en el conjunto de España.

Preguntado expresamente por qué medidas considera necesario adoptar para corregir este retroceso dentro del ámbito de su competencia, Fernández Carriedo no ha concretado actuaciones adicionales vinculadas directamente a la caída de los resultados. En su respuesta, reivindica el modelo educativo de Castilla y León y señala las “debilidades” de la actual ley educativa estatal.

“Nosotros siempre hemos puesto el eje central en la calidad del sistema educativo”, ha afirmado el portavoz, que vincula esa calidad con “el mérito, el esfuerzo y la participación” de todos los agentes educativos, desde los docentes y los equipos directivos hasta las familias.

Fernández Carriedo sostiene que este modelo es precisamente el que ha permitido a Castilla y León mantenerse como una referencia educativa. La Comunidad ocupa, según ha recordado, el segundo puesto entre las autonomías en ciencias y matemáticas y el tercero en competencia lectora.

El portavoz ha defendido también como elementos esenciales la participación activa de las familias, la equidad entre centros públicos y privados y entre el medio rural y el urbano, además del reconocimiento del trabajo de profesores y alumnos.

“Esta es la filosofía que tendría que mantenerse”, ha indicado Fernández Carriedo, quien ha insistido en que la reflexión debe desembocar en “la modificación tan necesaria” de la ley nacional.

Más beneficios, más interinidad

El portavoz también ha respondido a este medio sobre las 7.834 vacantes docentes adjudicadas en régimen de interinidad denunciadas por CSIF. El portavoz ha reconocido que algunas de las mejoras incorporadas a las condiciones laborales del profesorado han contribuido a elevar las tasas de interinidad, “pese a los esfuerzos realizados por la Junta para reducir el número de docentes temporales”.

Entre las medidas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico que han obligado a aumentar las plantillas, ha citado la recuperación de las 35 horas semanales y la reducción de las ratios de alumnos por aula.

El curso cuenta con 37.074 profesores, 551 más que el año anterior, según los datos aportados por el consejero, que ha utilizado este aumento de efectivos para documentar el esfuerzo realizado por la Junta en materia educativa.