La Junta cierra la puerta a comprar el palacio de Almazán: "No somos una inmobiliaria"

La Junta de Castilla y León no comprará el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán. El Gobierno autonómico volvió a rechazar ayer en el pleno de las Cortes de Castilla y León la adquisición del inmueble, una de las principales reclamaciones planteadas por Soria ¡Ya! tras el colapso que sufrió el histórico inmueble el pasado 3 de septiembre. El desplome afectó a elementos del palacio de notable valor arquitectónico en el lienzo norte, entre ellos el artesonado, y provocó la pérdida de cinco de los once arcos originales de la fachada norte, la que se asoma al río.

"La Junta no es una inmobiliaria". Con esta frase, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, cerró la puerta a la compra del edificio, una posibilidad que Soria ¡Ya! ya había planteado en abril de 2025. "Eso no lo vamos a hacer", afirmó el consejero al explicar que la respuesta de la Administración será otra: seguridad y consolidación inmediata, recuperación de elementos, un proyecto de restauración y exigencia de responsabilidades a los propietarios.

El derrumbe ha elevado la presión sobre la Junta después de meses de advertencias sobre el estado del inmueble. Ángel Ceña, procurador de Soria ¡Ya! volvió a defender en su pregunta que el futuro del palacio pasa por una intervención pública que garantice su conservación. "Para eso o se compra o se expropia", sostuvo, reclamando además una restauración "con su fábrica original" y un uso social, cultural o turístico para el edificio.

La Junta, sin embargo, mantiene que no le corresponde asumir la propiedad de un inmueble privado. Díaz Pico defendió que la Ley de Patrimonio Cultural de 2024 proporciona mecanismos suficientes para obligar a los titulares a actuar: requerimientos, ejecución subsidiaria a costa de los propietarios y, en último término, expropiación. "La Administración no suple las obligaciones de los propietarios", sostuvo tanto a preguntas de la formación provincial, como a las cuestiones planteadas por la socialista Esther Pérez.

El consejero resumió su posición con otra expresión que marcó el debate: "Lo que no va a encontrar es un cheque en blanco para sustituir la responsabilidad de los titulares". Entre ellos citó repetidamente al Ayuntamiento de Almazán, propietario del 5% del palacio y "con competencias urbanísticas", según recordó el consejero.

El PSOE puso el foco en la actuación previa de la Administración autonómica. Esther Pérez recordó que la Junta conocía el estado del edificio y que así constaba en una respuesta parlamentaria emitida apenas un mes antes del derrumbe. El consejero respondió con una cronología de cartas, reuniones y requerimientos a los propietarios y aseguró que estos rechazaron un estudio integral recomendado por la Comisión Territorial de Patrimonio.

El intercambio dejó además una cuestión relevante: pese a las advertencias y actuaciones administrativas acumuladas, antes del derrumbe no se había producido una inspección integral, ni se había fijado un plazo obligatorio para presentar un proyecto, ni se había iniciado un procedimiento sancionador o una ejecución subsidiaria. El propio consejero enumeró esas actuaciones como las que ahora puede acometer la Administración si los propietarios no cumplen.