Patrimonio da “dos o tres semanas” para apuntalar el Palacio de los Hurtado de Mendoza

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte ha notificado este viernes a la propiedad y al Ayuntamiento de Almazán el acuerdo adoptado el pasado miércoles por la Comisión Territorial de Patrimonio, reunida con carácter extraordinario y con un único asunto en el orden del día: las actuaciones necesarias después del colapso parcial del Palacio de los Hurtado de Mendoza.

El acuerdo autoriza las actuaciones propuestas por la propiedad, aunque introduce una serie de prescripciones técnicas que afectan tanto a la estabilización del inmueble como a la recuperación de los elementos desprendidos y a las futuras fases de consolidación y reconstrucción.

La documentación de la Junta sitúa el derrumbe el 1 de septiembre de 2026. Ese día se produjo el desplome de cinco arcos de la parte intermedia de la galería porticada de la fachada norte, además de los forjados intermedios. El 3 de septiembre se realizó una visita técnica al interior del inmueble para comprobar la evolución de los daños.

Primeras actuaciones

El informe elaborado posteriormente por la propiedad y presentado ante el Servicio Territorial el 7 de septiembre plantea como actuaciones inmediatas el apuntalamiento interior de las zonas próximas al derrumbe, del resto de la galería y de la torre; la retirada controlada de elementos sueltos; la recuperación y clasificación de las piezas de cantería caídas en la carretera y en la ladera, y la instalación de un sistema de andamiaje que permita asegurar las zonas próximas al derrumbe.

El documento contempla, además, la reconstrucción de muros, arcadas, forjados y cubierta.

La Comisión Territorial de Patrimonio autoriza estas actuaciones, pero establece que los trabajos de apuntalamiento interior y aseguramiento de las zonas inestables deben iniciarse de forma inmediata y concluir en un plazo máximo de dos o tres semanas.

Los sistemas auxiliares utilizados deberán ser "estables y resistentes" y "permitir una sujeción adecuada sin causar daños en los elementos del edificio que sustenten".

Garantizar la seguridad para las personas

Patrimonio también establece que las protecciones instaladas en el entorno no podrán retirarse hasta que esté garantizada la seguridad para la circulación de personas. Al mismo tiempo, deberán adoptarse medidas para evitar el expolio de las piezas del edificio mientras permanecen pendientes de recuperación y acopio.

Cualquier desmontaje de elementos inestables tendrá que ser comunicado previamente al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y consensuado con sus técnicos. Además, deberá ejecutarse "de forma controlada", sin afectar a las partes colindantes y limitándose a aquellos elementos cuya retirada resulte estrictamente necesaria para garantizar la estabilidad.

Daños en la fachada interior de la galería

Uno de los puntos específicos del acuerdo afecta a la fachada interior de la galería, que no aparece recogida en el informe presentado por la propiedad. Los técnicos de la Junta comprobaron que esta fachada ha resultado parcialmente dañada y ha quedado expuesta a la intemperie. En la planta baja coincide con el trazado de la antigua muralla, mientras que en las plantas superiores está formada por un entramado de madera, ladrillos y adobe.

La Comisión exige, por ello, una intervención sobre la fachada de adobe que ha quedado expuesta, así como la sujeción de las partes de la cubierta que permanecen sin anclaje. Las medidas de prevención y estabilización deberán extenderse también a los espacios próximos al derrumbe que hayan podido resultar afectados.

La solución que se plantee para estas actuaciones deberá ser remitida al Servicio Territorial para su análisis y consenso con sus técnicos.

Las piezas del derrumbe deberán recuperarse

Una de las obligaciones más precisas del acuerdo se refiere a los restos del edificio. Una vez estabilizada la zona, la propiedad deberá retirar y trasladar a un lugar seguro "todos" los restos constructivos procedentes del derrumbe, tanto los que permanecen en el interior del palacio como los que han caído en la ladera o en el vial, con independencia de su estado de conservación aparente.

Para ello deberá elaborar un plan de recogida y acopio en un plazo máximo de 15 días desde la notificación del acuerdo. Ese documento deberá concretar cómo se realizará la recogida, el traslado y la trazabilidad de los materiales, los lugares donde serán almacenados y las condiciones en las que deberán conservarse.

Patrimonio pone especial énfasis en el artesonado de maderara. La recomendación es que, en la medida de lo posible, sea recuperado en bloque y que nunca quede almacenado a la intemperie.

El plan tendrá que contar con el asesoramiento de personal especializado y será remitido al Servicio Territorial para su estudio. Si durante los trabajos de estabilización fuese necesario retirar o almacenar previamente determinados elementos, esa actuación también deberá comunicarse a la Junta para acordar las medidas que correspondan.

Además, todos los materiales recuperados deberán someterse posteriormente a un proceso de clasificación, inventario y valoración técnica realizado por personal cualificado.

Las grietas de la torre ya habían preocupado a Patrimonio

El informe técnico de la Junta introduce otro elemento relevante sobre el estado general del inmueble. Durante la visita se observaron grietas en la zona del torreón, junto a la galería, que presentan una dimensión sensiblemente mayor que las registradas en una visita realizada en julio de 2023.

Los testigos de yeso colocados en 2024 aparecen rotos o despegados del muro, lo que indica que se han producido movimientos estructurales.

El informe no permite afirmar que estos movimientos sean consecuencia exclusiva del derrumbe, pero sí considera que corroboran la preocupación que la propia Comisión Territorial de Patrimonio ya había expresado en informes anteriores sobre la necesidad de realizar un estudio patológico del edificio y elaborar un "mapa de grietas".

La visita interior permitió comprobar, en cambio, que en las habitaciones del palacio que tienen frente a la galería no se apreciaban grietas que indicaran movimientos estructurales derivados del derrumbe que comprometieran su estabilidad.

El apuntalamiento no será la solución definitiva

La Comisión deja expresamente establecido que el apuntalamiento es una medida de emergencia y no una solución permanente.

La Junta advierte de que las zonas del edificio que han quedado expuestas a la intemperie pueden sufrir un deterioro grave como consecuencia de las condiciones meteorológicas e incluso podrían producirse nuevos colapsos. Por ello, deberán adoptarse medidas para impedir la entrada de agua de lluvia o garantizar su evacuación.

El siguiente paso tendrá también un plazo concreto. En el máximo de un mes desde la finalización de los trabajos de estabilización, la propiedad deberá presentar para su autorización por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural una memoria técnica valorada que incluya un calendario de actuaciones para la consolidación, restauración y reconstrucción del Palacio.

Ese documento deberá incorporar además un estudio y una valoración de la estabilidad del inmueble.

La protección afecta a todo el palacio

Aunque el derrumbe se ha concentrado en la parte norte del edificio, la Junta recuerda que la declaración del Palacio de los Hurtado de Mendoza como Bien de Interés Cultural afecta al conjunto del inmueble.

Por ello, una vez ejecutadas las actuaciones de emergencia sobre la zona dañada, deberá realizarse una inspección completa del edificio.

El acuerdo recuerda asimismo las obligaciones que la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León establece para los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio cultural. Entre ellas figura la obligación de conservarlos, custodiarlos, mantenerlos y protegerlos para garantizar su integridad y autenticidad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

La misma norma establece que, cuando una situación de ruina sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de conservación, las actuaciones destinadas a restituir el bien a su estado anterior correrán a cargo de la propiedad, en los términos que determine la Consejería competente en materia de patrimonio cultural.

Así, el acuerdo de Patrimonio abre ahora una primera fase de emergencia con tres obligaciones inmediatas: asegurar el edificio, recuperar y proteger todos los elementos desprendidos y preparar el proyecto que deberá determinar el futuro de un inmueble protegido que, tras el derrumbe, necesita ya una intervención global.