La producción media de la cosecha este año, un 40% inferior a la media

El Consejo Provincial Agrario de Soria, reunido bajo la presidencia del delegado territorial, Manuel López, ha debatido esta mañana sobre el régimen laboral de las empresas prestadoras de servicios en la agricultura y los resultados de la cosecha de cereales de invierno.

Este órgano de diálogo entre la Junta de Castilla y León y el sector profesional agrario, representado por cuatro vocales de Asaja y dos de Alianza para la Unidad del Campo, ha conocido las repercusiones que tiene la contratación de determinados trabajos agrarios por los agricultores a empresas especializadas. En una presentación se han expuesto las posibilidades que las empresas de servicios ofrecen para la ejecución de determinadas labores agrarias con una necesidad de un número de operarios elevados en momentos puntuales, como puede ocurrir en la recogida de la viña o de la patata, o en determinadas labores de acondicionamiento del terreno en el caso de las zonas de secano de la provincia.

La contratación por parte de los profesionales del campo de estas empresas debe hacerse con las cautelas necesarias sobre su solvencia, dado que se están dando casos de incumplimientos en materia laboral o tributaria por estas empresas, por lo que se ha resaltado la importancia de exigir de estos prestadores la acreditación suficiente del cumplimiento de las exigencias en materia de afiliación y cotización a la Seguridad Social y a hacienda del personal que ponen a disposición del agricultor. En la reunión, también se ha hablado acerca de la situación legal de determinados apoyos puntuales recibidos en las labores, fundamentalmente de recolección.

El Consejo Agrario también ha comentado los resultados de la cosecha de cereales de invierno. El porcentaje que resta de cosechar va siendo menor, y centrado en las zonas más tardías de la provincia, como Tierras Altas, parameras centrales y zona de Pinares, o en cultivos más tardíos, como trigo o centeno en el resto de zonas.

Los resultados, que serán objeto de evaluación en una próxima Comisión de Estadística Agraria por parte del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, apuntan un descenso sobre la producción media de alrededor de un 40 %.

Ayudas al sector agrario

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha aprobado varias medidas ante la situación de mala cosecha generalizada en la Comunidad Autónoma con el fin de dotar al sector de la liquidez necesaria para afrontar los costes de siembra de la cosecha próxima. Estas medidas se pueden resumir en tres líneas diferentes.

La primera línea establece determinadas excepciones al cumplimiento de obligaciones en las ayudas gestionadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería. En esta línea del pago verde de la PAC, se ha destacado la posibilidad de exención de la obligación de diversificación de cultivos, así como la exención de lograr un grado determinado de desarrollo de los cultivos fijadores de nitrógeno o en cultivos de proteaginosas y oleaginosas.

Se podrá ampliar el plazo para justificar ayudas a la inversión en explotaciones agrarias cuando las circunstancias climáticas excepcionales no permitan cumplir los planes de mejora aprobados. Por último, en cuanto a las medidas de condicionalidad, se permitirá el laboreo del terreno con volteo en el caso de cultivos en los que la expectativa de cosecha de grano sea muy baja.

Como segunda línea de ayudas, se permite solicitar subvenciones destinadas a bonificar intereses de préstamos preferenciales avalados en una medida nacional del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. A esta medida se pueden acoger los agricultores de toda la provincia que necesiten liquidez.

Esta línea de ayuda contribuye de forma significativa a dotar de capital circulante a las explotaciones agrarias bonificando el 100 % de los intereses a agricultores profesionales, cotizantes a la Seguridad Social agraria y con rentas por actividades agrarias que supongan más del 50 % y que tengan suscrito un seguro agrario, y el 50 % a los que no tengan contratada una póliza. En ambos casos debe existir el compromiso de mantener el seguro agrario los próximos tres años.

Así, se habilitarán préstamos de hasta 40.000 euros, con cinco años de duración, de los cuales uno será de carencia. En este caso, el Estado se hará cargo del 100 % de las garantías y la Junta de Castilla y León del 100 % de los intereses, siempre y cuando el beneficiario sea agricultor profesional y tenga suscrito un seguro. Se abre, además, un plazo hasta el 15 de octubre para que se contrate cualquier tipo de seguro agrario y tener esta consideración a efectos de la cobertura de intereses y garantías. Si no lo tiene, las bonificaciones serán del 50 %, tanto por parte de la Administración autonómica como estatal.

El préstamo puede alcanzar los 80.000 euros para aquellos titulares de explotaciones o miembros de entidades asociativas que realicen su actividad en el ámbito de la producción láctea, porcina, cunícula o de frutas y hortalizas o aquellos otros sectores que pudieran incorporarse en virtud de la orden ministerial.

Como tercera línea de ayuda al sector, se han convocado ayudas destinadas a garantizar a los ganaderos extensivos el suministro de agua en sus explotaciones. El plazo finaliza el día 31 de julio y se centra en la ayuda a la construcción de balsas, abrevaderos o conducciones o bien a la adquisición de equipos móviles para abastecer al ganado, como cisternas o depósitos móviles.

La Junta de Castilla y León ha informado al sector agrario de la amplia acogida obtenida por las ayudas a la bonificación de intereses, con más de 130 solicitantes hasta la fecha. En cuanto a las ayudas para garantizar el suministro, hay cuatro explotaciones solicitantes aunque el plazo continúa abierto.