La Junta ordena suspender la caza del lobo al norte del Duero
Un ejemplar de lobo en un monte de CyL.
El Departamento de Suárez Quiñones estima de este modo así el recurso de alzada interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha acordado suspender el Plan de Aprovechamientos Comarcales del Lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero para las temporadas 2016-2017, 2017/2018, y 2018/2019, estimando así el recurso de alzada que había sido interpuesto por ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico).
Dicha entidad, a través de un comunicado recogido por Europa Press, explica que este jueves recibió notificación en este sentido de la Orden del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo que, "en consecuencia, supone que ordena suspender la caza del lobo en Castilla y León".
Esta decisión, que ya afloró en la Mesa del Lobo celebrada la semana pasada, se confirma ahora formalmente, y como consecuencia de diversas actuaciones judiciales, "supone un hito en la normalización de la situación de una especie protegida, situación incompatible con la consideración de la especie como cinegética".
ASCEL recuerda el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el 6 de hulio, antecedente inmediato de esta decisión administrativa, dentro del recurso contencioso-administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, que acordó desestimar todos y cada uno de los argumentos manejados por la Junta, manteniendo la medida cautelar solicitada que paralizaba el aprovechamiento cinegético del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.
Destaca así que la racionalidad se va imponiendo camino de impedir la caza de ejemplares de una especie protegida: "el lobo no puede ser considerada una especie cinegética y, por lo tanto, no puede ser objeto de caza", recogía el auto.
Por demás "el lobo es una especie protegida por la normativa europea y nacional y, si bien es posible su gestión, la decisión que sobre la misma se adopte debe garantizar la conservación de la especie". Y sin olvidar que "la protección de la especie, que es a lo que nos obliga la normativa estatal y comunitaria".
Resalta ASCEL que ninguno de los "supuestos apaños legales por parte de la Junta de los últimos tiempos (como la publicación del Decreto 10/18) soluciona nada, frente a los argumentos citados".
Así las cosas, reitera una vez más la solicitud anterior de dimisión o cese del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, en calidad de "autor intelectual de esta huida hacia adelante sin sentido".