El Gobierno aprueba la prórroga de solicitud de moratorias financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ampliación de la cobertura y los plazos de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19.

Hasta el 30 de marzo de este año, los hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte podrán solicitar el aplazamiento, hasta un total de nueve meses, del pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria.

La vulnerabilidad para personas o autónomos viene definida por cuatro situaciones, que deben ser concurrentes. La primera, que esté desempleado, o, en el caso de los autónomos, tener una caída en sus ventas de al menos el 40%. La segunda, que el conjunto de los ingresos no supere el límite de tres veces el IPREM en el mes anterior a la solicitud de la moratoria. La tercera, que la cuota de préstamos hipotecarios, más los gastos y suministros básicos, sobrepasen el 35% de los ingresos familiares. Finalmente, que como consecuencia de la emergencia sanitaria, que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,3%.

En el caso de los créditos hipotecarios, podrán solicitar una moratoria quienes estén pagando cuotas hipotecarias por la adquisición de su vivienda habitual, local en el que desarrollen su negocio o vivienda destinada al alquiler y hayan dejado de percibir cuotas de su inquilino debido al estado de alarma.

Las empresas dedicadas al transporte público de mercancías y transporte discrecional de viajeros en autobús podrán aplazar los pagos del principal de las cuotas de sus préstamos, 'leasing' o 'renting' de vehículos.

Fuentes del Gobierno han indicado que estas medidas pretenden seguir aliviando la situación de muchos hogares y del tejido productivo y empresarial más afectado por la pandemia. Los datos, ha asegurado, demuestran que son "útiles y eficaces". Hasta el 31 de diciembre de 2020, se concedieron 1.380.585 moratorias y las entidades financieras han concedido, al amparo de sus convenios sectoriales, el aplazamiento del pago del principal de 794.386 préstamos.