11.000 M€ a ayudas para empresas y autónomos frente al COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo continúa así la labor que viene realizando desde la declaración del primer estado de alarma, hace un año, para minimizar el impacto del COVID-19 en el tejido productivo y el empleo.

"Nunca antes se había hecho un esfuerzo de esta envergadura, de esta magnitud, dirigido al conjunto de empresas y al conjunto de trabajadores", ha dicho Montero, quien ha destacado que el Gobierno ha protegido igualmente el bienestar de las familias y la calidad de los servicios públicos.

A pesar de la crisis económica -ha apuntado la portavoz-, las comunidades autónomas han recibido durante los años 2020 y 2021 la mayor financiación de su historia para garantizar el funcionamiento de servicios tan esenciales como la sanidad, la educación y la atención de las personas más vulnerables.

Anticipar problemas de solvencia

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que las medidas buscan anticiparse a posibles problemas de solvencia debidos a las restricciones de actividad en los sectores y territorios más afectados por la pandemia. "Tratamos de aliviar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento que pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas perfectamente viables y que, con ello, se lastre la recuperación", ha asegurado.

La vicepresidenta ha resaltado que los indicadores diarios de actividad apuntan a una ralentización en el primer trimestre de 2021, en línea con el resto de los países europeos durante la tercera ola de la pandemia, pero las previsiones de todos los organismos apuntan a una mejora a medida que avance el año y en 2022. También confirman esa tendencia los datos más recientes del mercado laboral, entre ellos la reducción del número de trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Nadia Calviño ha indicado que, junto a los ERTE, en el mantenimiento del tejido productivo han sido claves las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) canalizadas a través del sector financiero -se han movilizado más de 121.000 millones de euros-, la prestación extraordinaria para los autónomos, las moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social y otras exenciones.

Las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron a un veinte por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y con las adoptadas hoy el total previsto para este año supera ya el dos por ciento. "Un importante esfuerzo fiscal, imprescindible, que ha sido señalado por las instituciones europeas por su eficacia y su magnitud", ha expuesto.

Nuevos fondos y extensión de las moratorias

La ministra ha afirmado que aún quedan semanas complicadas y es necesario anticiparse al riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del endeudamiento. El Real Decreto-ley aprobado hoy busca seguir protegiendo a los sectores más afectados y que son fundamentalmente viables, mientras se alcanza un porcentaje sustancial de población vacunada. "Actuando en el momento adecuado, como hemos hecho desde el principio, evitamos un coste superior en el futuro", ha sostenido.

La norma se articula en tres fondos: una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores; una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.

Además, se extienden hasta final de año las moratorias concursales y las medidas de agilización en el ámbito de la justicia para proporcionar un período que permita restablecer los equilibrios patrimoniales o abordar procesos de reestructuración, entre otras actuaciones.

Línea COVID de ayudas directas

Esta línea permitirá que las comunidades autónomas puedan conceder ayudas directas a las empresas y los sectores más afectados por la pandemia. Consta de dos compartimentos: uno con 2.000 millones de euros específico para las empresas de Canarias y las Islas Baleares, las regiones donde el sector turístico tiene un peso mayor; y otro de 5.000 millones de euros para el resto de las comunidades, que se repartirá en función de indicadores de renta, desempleo y paro juvenil.

Las ayudas son no reembolsables y de carácter finalista y deberán destinarse al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos como deudas bancarias o financieras, suministros energéticos, etcétera. Podrán acceder a ellas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un treinta por ciento con respecto a 2019, dentro de un conjunto de casi cien sectores y actividades, los más perjudicados por las restricciones.

Las ayudas podrán compensar hasta un cuarenta por ciento de la caída adicional de ingresos para las micropymes y los autónomos y hasta un veinte por ciento del resto de empresas. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y un rango entre los 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto.

Nadia Calviño ha remarcado que estos 7.000 millones de euros se suman a los 24.000 ya transferidos por el Estado a las comunidades para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia.

Línea para la Reestructuración de la deuda financiera

En los procesos de reestructuración de empresas viables con problemas transitorios que se acuerden con las entidades financieras, se podrán aplicar tres niveles de actuación sobre los préstamos que cuentan con aval público.

Un primer nivel supone la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, adicional a la prolongación aprobada el pasado noviembre. En un segundo nivel, se podrían convertir estos préstamos en préstamos participativos, manteniendo la cobertura del aval público. En el tercer nivel, excepcional y de último recurso, se permitiría realizar transferencias directas a autónomos y pymes para la reducción del principal de la financiación avalada contraída durante la pandemia.

Con el fin de articular estas medidas -ha indicado Calviño-, se aprobará un Código de Buenas Prácticas para que el sector financiero y el resto de organismos puedan implicarse en el apoyo de estas empresas.

Fondo de Recapitalización de empresas

Este fondo será gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y complementa al fondo SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas de mayor tamaño.

Su utilización conllevará la participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas, así como una estrategia de salida, ya que la naturaleza temporal del fondo está fijada en ocho años, según ha detallado la ministra.

Requisitos de acceso

Para acceder a todas estas nuevas ayudas, las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán repartir dividendos ni incrementar las retribuciones de la alta dirección durante dos años, además de cumplir el resto de requisitos habituales (no tener su domicilio fiscal en un paraíso fiscal, no estar en concurso ni haber cesado de actividad en el momento de la solicitud, encontrarse al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social...).

María Jesús Montero ha precisado que el Real Decreto Ley prevé que en el plazo de un mes y diez días, el Gobierno tenga formalizada la orden de reparto del fondo a las comunidades autónomas, tras la firma de los correspondientes convenios, y con el objetivo de que cuanto antes estén disponibles para ayudar al tejido productivo.

Nadia Calviño ha subrayado que el Real Decreto-ley completa una "batería sin precedentes" de instrumentos para apoyar a las empresas con problemas de solvencia, siempre con el objetivo de mantener la actividad y el empleo. Esa es la meta fundamental para los próximos meses, lo que requiere centrar los esfuerzos en cuatro prioridades: controlar la pandemia y acelerar el proceso de vacunación, asegurar la estabilidad financiera, evitar un impacto estructural en el tejido productivo y desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de manera ágil y eficaz.