El proyecto energético La Solana, en Magaña, cae por su inviabilidad ambiental

El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León ha confirmado oficialmente el desistimiento de la empresa Danta de Energías, S.A. respecto a la tramitación del parque híbrido La Solana, en Tierras Altas. La resolución llega después de que la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal calificara la iniciativa como "ambientalmente inviable" debido a sus graves afecciones al medio natural.

El complejo proyectado contemplaba la instalación de tres aerogeneradores de grandes dimensiones y un parque fotovoltaico de 7,3 hectáreas en las localidades de Villarraso y Pobar, ambas pertenecientes al municipio de Magaña. La infraestructura incluía también una subestación y diversas líneas eléctricas de evacuación.

Alegaciones de los grupos conservacionistas

La asociación ASDEN había presentado numerosas objeciones al proyecto, argumentando que este formaba una "unidad operativa encubierta" junto al parque colindante de Los Aguilillos. Según los ecologistas, el promotor buscaba sortear una evaluación de impacto ambiental más rigurosa mediante la fragmentación de los expedientes.

Entre los principales riesgos señalados por la organización y ratificados por la inviabilidad del proyecto destacan:

• Afección a la Red Natura 2000: Las placas solares se proyectaban a escasos 150 metros de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Oncala-Valtarejos, creando una barrera física con el vallado perimetral.
• Impacto en la avifauna: La ubicación en la divisoria Duero-Ebro supone un "efecto barrera" para las aves migratorias, colmatando los pasillos de vuelo en el Sistema Ibérico.
• Molestias a la población: La cercanía de los molinos al núcleo urbano de Pobar, a 1.350 metros, implicaba un impacto acústico considerable para los vecinos.

Críticas a la planificación territorial

En ASDEN han aprovechado la resolución para criticar la falta de ordenación del sector tras 27 años desde la inauguración del primer parque eólico en Soria. La asociación denuncia que el modelo actual responde a "intereses empresariales" y lamenta que se sigan aprobando "macroproyectos" sin una planificación regional que garantice un reparto justo de beneficios si que se consiga, según contemplan, la protección efectiva del medio rural.