El panorama laboral ha cambiado mucho desde que una huelga de pastores en Cihuela forzó a sustituir a los trabajadores por "tres señoritas de buena familia, un abogado, dos médicos, un bachiller, el alcalde, el secretario del Ayuntamiento y la mujer del médico". Fue en 1906. Hoy, el conflicto se ha desplazado de la calle a la mesa.
La negociación de diez convenios colectivos que afectan a cerca de 13.000 trabajadores se está desarrollando sin indicios de ruptura y con la previsión de alcanzar acuerdos en sectores tan distintos como el Siderometalúrgico, el Agrícola-ganadero, el Comercio, las Serrerías, el Transporte de mercancías por carretera, el de Limpieza de edificios y locales, tintorerías y lavanderías o la Carpintería y ebanistería.
A estos, se unía el pasado enero el de Transporte de viajeros por carretera, ya en vigor, y, en febrero, la Hostelería, la Construcción y las industrias de Panadería, que ya tienen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia las tablas salariales para este año.
La normalidad en las mesas de negociación contrasta con un pasado en el que el conflicto laboral era frecuente, áspero y, en muchos casos, vinculado a la mera subsistencia del trabajador. La historia laboral soriana permite medir esa transformación.
A comienzos del siglo XX, la huelga no era un instrumento excepcional dentro de un sistema de relaciones laborales regulado, sino una respuesta directa a situaciones de precariedad extrema.
Durante la primera década del siglo no se protestaba por ideología ni por mejoras sociales, el objetivo era poder comer, como pretendían los pastores de Cihuela en 1906. Y la protesta era generalizada. Los albañiles secundaron huelgas en 1909 y 1911; en 1912 el conflicto alcanzó al ferrocarril; y en 1916, de nuevo en San Pedro Manrique, 200 trabajadores reclamaron un aumento de 50 céntimos diarios mientras insistían en la consigna de "trabajo y alimentos".
La conflictividad se extendió a prácticamente todos los sectores con rapidez. En 1918 pararon los zapateros; en 1920 se sucedieron huelgas en la Eléctrica de Soria, en el ferrocarril Torralba-Madrid, en la Construcción y en la Herrería, muchas de ellas en solidaridad con empleados despedidos. El 5 de mayo de ese año la capital vivió una huelga general, con la Guardia Civil desplegada para garantizar la apertura de los comercios. La tensión formaba parte del paisaje urbano.
Y, lejos de disminuir, las protestas se mantuvieron durante los 'felices' años veinte. En 1926 fueron los tipógrafos; en 1928, albañiles, panaderos y ferroviarios de la línea Santander-Mediterráneo, todos ellos reclamando mejoras salariales. El conflicto laboral se había consolidado como mecanismo habitual de presión colectiva.
Con la Segunda República, el conflicto se volvió también político. En 1931 los obreros del pantano de la Cuerda del Pozo entraron en huelga y, en febrero, la CNT convocó una huelga general contra la deportación de disidentes a Bata. Durante 24 horas, comercio e industria quedaron prácticamente paralizados y alrededor de 500 trabajadores recorrieron las calles de Soria.
Meses después, otra huelga de trabajadores en el pantano de la Muedra en protesta por varios despidos terminaría con un tiroteo en la calle Pérez de la Mata (hoy calle Real). En 1934 la minería se sumó a una huelga general y en julio de 1936 UGT y CNT convocaron otra protesta que, en Soria, coincidió con la confirmación de la caída de la República.
Pero a partir de ahí se abre un oscuro y largo paréntesis en la historia laboral de la provincia. La dictadura franquista eliminó el derecho a huelga y con él desaparecieron también las estadísticas del conflicto.
La democracia devolvió la protesta a la legalidad, pero ya en un contexto distinto. En 1976 la huelga general del 12 de noviembre tuvo escasa repercusión en Soria. En 1979, en cambio, 1.000 personas salieron a la calle para protestar por el cierre de la línea ferroviaria Soria-Castejón y más de un millar de estudiantes secundaron una huelga universitaria.
Durante los años 80 se registraron múltiples paros sectoriales con escaso seguimiento, hasta que el 14 de diciembre de 1988 la huelga general contra las políticas económicas del Gobierno del PSOE paralizó la provincia y marcó el último gran estallido transversal del siglo.
Los años 90 elevaron la conflictividad a su techo histórico. En octubre de 1990 una huelga de transportistas provocó problemas de abastecimiento de combustible, pan, leche y pescado. En 1991, en pleno contexto de la Guerra del Golfo, se registraron 12 huelgas en 362 centros de trabajo de Soria. Los paros de cuatro horas elevaron la participación hasta los 2.800 trabajadores y se perdieron 13.700 jornadas laborales, lo que convirtió ese año en el segundo peor desde que hay registros.
El récord absoluto llegó en 2002, cuando 7.392 huelguistas participaron en 23 convocatorias que afectaron a 4.709 empresas y provocaron la pérdida de 15.615 horas de trabajo. Nunca antes ni después la provincia había concentrado tanto conflicto en tan poco tiempo. Y, sin embargo, a partir de ese pico, la curva empieza a descender de forma paralela al cambio que se produce en la forma de gestionar los conflictos laborales.
Una ley orgánica, la 17/2007, incorporó el Diálogo Social al Estatuto de Autonomía de Castilla y León como principio rector de las políticas públicas y, con algún que otro altibajo, la administración, los sindicatos y las organizaciones empresariales mantienen un sistema de negociación permanente.
Por regla general, el conflicto ya no se dirime en la calle, sino en mesas sectoriales, acuerdos y a través de procesos en organismos de conciliación y mediación perfectamente regulados que terminan, en caso de no avenencia, en los juzgados.
Pero que en 2026 se negocien diez convenios sin visos de ruptura no significa la ausencia de tensiones. Las discusiones sobre salarios, jornadas o cláusulas de revisión salarial siguen presentes. La diferencia estriba en el contexto: ya no se negocia para garantizar comida o trabajo inmediato, sino para ajustar condiciones dentro de un sistema que, con todas sus limitaciones, ofrece estabilidad institucional.
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