El sindicato Solidaridad, con el apoyo de Vox, organiza una movilización por las calles de la capital para exigir la paralización de la normativa medioambiental. La jornada finaliza con momentos de tensión tras el reproche de varios vecinos que acusan a los manifestantes de actuar bajo intereses electorales.
La futura implantación de las nuevas normativas de movilidad urbana continúa generando debate en la capital soriana. Durante la mañana de este domingo, decenas de coches han participado en una caravana reivindicativa que ha recorrido las principales arterias de la ciudad con el objetivo de mostrar su rechazo frontal a las restricciones de tráfico proyectadas por el equipo de gobierno municipal. Una manifesación que, puede que de forma estratégica, ha tenido lugar justo tras el comienzo de la carrera electoral en Castilla y León.
El acto de protesta ha sido convocado "a petición de un grupo de ciudadanos" y ha contado con la cobertura legal y organizativa del sindicato Solidaridad, así como con el respaldo de varios representantes provinciales de Vox. Los participantes han hecho sonar sus cláxones durante el trayecto para visibilizar su descontento ante una medida que consideran innecesaria para una localidad de estas dimensiones, argumentando que la calidad del aire actual no justifica limitar el paso de los turismos.
La marcha motorizada ha incluido un tenso cara a cara entre los organizadores y varios ciudadanos que se encontraban en la zona del Sotoplaya, desde donde ha partido. Estos vecinos han recriminado a los manifestantes que no representan el sentir general de la ciudadanía soriana, enmarcando la movilización en una estrategia de campaña política ajena a los intereses reales del municipio.
El secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi Lafuente, se ha desplazado hasta la capital para encabezar esta movilización y atender a los medios de comunicación. El portavoz sindical ha centrado su intervención en denunciar que la legislación española en materia de cambio climático no obliga a Soria a establecer esta limitación, dado que la ciudad cuenta con algo más de 41.000 habitantes y no presenta los niveles de contaminación que la normativa exige para forzar su aplicación en municipios de menor tamaño.
"Tenemos un alcalde socialista que con su mayoría absoluta ha considerado que aquí debe haber un hongo radiactivo o algo muy dañino para la salud", ha ironizado el representante sindical durante su comparecencia. En este sentido, ha defendido que el verdadero propósito del Ayuntamiento no responde a criterios medioambientales, sino que esconde un "claro afán recaudatorio a través de futuras sanciones económicas".
Los convocantes han insistitdo en que los conductores ya asumen suficientes cargas fiscales mediante el pago del impuesto de circulación y las tasas de la ITV. Por ello, consideran que la activación de las cámaras que ya están instaladas en el casco histórico supondrá una "vulneración del derecho fundamental a la libre circulación, impidiendo a los trabajadores desplazarse con normalidad hacia sus puestos laborales o visitar a sus familiares".
Desde la organización también han querido rebatir los argumentos de asociaciones ecologistas que defienden la peatonalización. Lafuente ha subrayado que Soria "se cruza en ocho minutos en coche, por lo que resulta incomprensible aplicar restricciones propias de grandes urbes con problemas reales de emisiones".
Otro de los puntos clave de la protesta ha sido la advertencia sobre los tiempos que maneja el consistorio para empezar a multar a los infractores. Aunque la ordenanza ya está aprobada en el pleno municipal y los dispositivos de vigilancia se encuentran colocados en las calles, el sistema sancionador todavía no ha entrado en vigor. El líder sindical intuye que esta paralización temporal obedece a un "interés puramente electoral", sugiriendo que el equipo de gobierno prefiere no incomodar a los votantes antes de los próximos comicios locales previstos para el año 2027. En el terreno estrictamente político, los promotores de la marcha han agradecido el apoyo constante de Vox, al tiempo que han lanzado un duro reproche al Partido Popular por su ausencia en la convocatoria. Lafuente ha acusado a los populares de "mantener un doble discurso", señalando que mientras en Soria se posicionan teóricamente en contra de la medida, en otras ciudades como Madrid gestionan con entusiasmo la joya de la corona de las zonas de bajas emisiones con previsiones millonarias de ingresos.
La principal demanda de la plataforma ciudadana y del sindicato pasa por establecer todos los cortafuegos legales posibles para frenar la implementación definitiva de este proyecto urbano. Los opositores exigen al candidato socialista que rectifique públicamente, asuma que la ciudad no necesita este tipo de intervenciones y paralice un plan que, según denuncian, jamás ha sido consultado con los vecinos afectados por las futuras limitaciones de tráfico.
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