Los datos desmontan el discurso contra la inmigración de la campaña electoral en Castilla y León

La inmigración se ha convertido en uno de los ejes de la campaña de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, impulsada con especial intensidad por Vox y asumida también por el Partido Popular en un tono más matizado.

Mientras la formación de extrema derecha sitúa su lucha contra la inmigración —"ni legales ni ilegales" ha llegado a declarar Santiago Abascal— en el centro de su discurso político, el PP rebaja el tono, pero mantiene el tema en su agenda electoral: necesita a Vox para un posible gobierno tras las elecciones y tampoco quiere renunciar al rédito que el debate migratorio puede tener en las urnas.

Alberto Núñez Feijóo afirmó en el mitin del PP en El Burgo de Osma que España vive "el mayor descontrol migratorio de la democracia". El dirigente popular defendió que la inmigración debe estar regulada y vinculada al mercado laboral. "A España se viene a trabajar, no a vivir de las ayudas de la gente que ha trabajado", aseguró el martes ante su público.

Por su parte, Carlos Pollán, el candidato de Vox en Castilla y León, situó la "inmigración ilegal" en el centro de su diagnóstico político, llegando a presentarla como la raíz de problemas que van desde la presión sobre los servicios públicos hasta el acceso a las ayudas sociales. Lo hizo en el debate de candidatos celebrado en la noche del martes. Su interpretación fue especialmente llamativa en una Comunidad cuyo principal reto demográfico es la despoblación.

En este contexto de campaña, la discusión política convive con una pregunta de fondo: ¿qué dicen realmente los datos sobre el papel de los inmigrantes en el mercado laboral y en el sistema de prestaciones?

Los registros oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrecen una fotografía bastante clara.

Un contexto marcado por la despoblación y la falta de trabajadores

Pero antes de analizar los datos sobre paro y ayudas conviene situar el contexto demográfico y económico de Castilla y León. La Comunidad lleva décadas enfrentándose a un proceso de pérdida de población que afecta especialmente a provincias como Soria.

En conjunto, somos ahora un cuarto de millón menos que los castellanos y leoneses que residíamos aquí cuando estrenamos la Democracia. La sangría poblacional ha continuado esta última legislatura, cuando hemos perdido a 24.534 vecinos entre las nueve provincias.

En paralelo, el tejido empresarial alerta de dificultades crecientes para cubrir puestos de trabajo. La patronal soriana, FOES, sostiene que nueve de cada diez empresas de Soria tienen problemas para encontrar trabajadores. Según sus datos, esta situación afecta a la competitividad del 56,8 % de las empresas y limita el crecimiento del 43,2 %.

Este diagnóstico coincide con la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en España, que ha respaldado la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno con la condición de que se la vincule al mercado laboral, que los necesita para encontrar el equilibrio que necesita nuestra economía.

Necesitamos, pues, que los inmigrantes nos ayuden a sostener nuestro crecimiento económico, pero hay más.

La superviviencia del mundo rural

En los últimos años, la inmigración ha cobrado un papel crucial en la dinamización de las zonas rurales de Soria y, en general, de Castilla y León. En municipios que enfrentan despoblación y envejecimiento, la llegada de personas de otros países ha contribuido a mantener abiertos bares y pequeños comercios, garantizando así servicios básicos y la vida cotidiana de los habitantes locales.

Además, la presencia de trabajadores inmigrantes en sectores como la asistencia a mayores y la medicina ha sido determinante para cubrir puestos que resultan de muy difícil cobertura. Y aquí el ejemplo: hace ya seis años que el diario 'El País' publicaba el reportaje "Se contratan inmigrantes, razón Soria". No ha sido el único publicado en medios nacionales en la última década.

Más allá de lo económico y laboral, la inmigración ha reforzado la vida social y cultural de estos entornos. En Soria y en Castilla y León conviven de manera pacífica personas de distintas razas, tradiciones y culturas, consolidando una realidad multicultural que se integra con la identidad local.

Los datos no indican que la tasa de criminalidad sea aquí superior a la del resto de España. Castilla y León se mantiene como una de las comunidades más seguras de España, con una tasa de criminalidad que se sitúa en los 39,3 puntos, lo que supone once menos que la media nacional (50,3). Y tampoco la población reclusa es mayoritariamente extranjera, según la estadística del Poder Judicial de España. Siete de cada 10 presos en España son 'made in Spain'.

La experiencia de Soria y Castilla y León muestra cómo la inmigración puede ser un motor de sostenibilidad rural, contribuyendo tanto al desarrollo económico como a la cohesión social.

Pero volvamos a los discursos políticos centrados con insistencia en que la inmigración está asociada a un aumento del paro o a una mayor presión sobre las prestaciones.

¿Qué peso tienen realmente los extranjeros?

Una primera clave para entender el debate es el peso real de la población extranjera, difícil de cuantificar porque las estadísticas van más lentas que la realidad, pero con base en las publicadas podemos hacernos una idea.

En España, los extranjeros —es decir, quienes no tienen nacionalidad española— representan aproximadamente el 14,6% de la población. Cuando Feijóo habla del 20% eleva la cifra con inmigrantes que fueron extranjeros en su día, pero que ya son españoles de pleno derecho. En Castilla y León la proporción baja hasta el 9,27 %, mientras que en provincias como Soria, con 12.722 inmigrantes, supondría algo más del 14 %.

Es decir, la Comunidad en su conjunto tiene una presencia de población extranjera menor que la media nacional. Y hablamos de medias porque en algunas zonas rurales de Castilla y León la población inmigrante es mayor, contribuyendo con ello a que muchos pueblos no desaparezcan.

¿Es cierto que los inmigrantes no trabajan?

Los datos del paro registrado indican lo contrario. Si los extranjeros no trabajaran, el peso del desempleo extranjero sería muy alto respecto al conjunto de la población inmigrante. Sin embargo, lo que muestran las cifras es que participan activamente en el mercado laboral.

En febrero de 2026 había 2.746 personas en paro en Soria, 104.718 en Castilla y León y más de 2,4 millones en España.

Y ahora los desempleados: En Soria hay 627 parados extranjeros, lo que representa aproximadamente el 22,8 % del paro total (2.746 personas). En Castilla y León el porcentaje es menor: 12.356 parados extranjeros (y 4.046 de ellos son comunitarios), alrededor del 11,7 % del desempleo, y a escala nacional el porcentaje suele situarse en el 14%.

Estas cifras indican dos cosas. Primero, que la mayoría de las personas desempleadas son españolas. Y segundo, que la presencia de extranjeros en el paro refleja que forman parte del mercado laboral porque para figurar como parado registrado es necesario haber trabajado o estar disponible para trabajar.

¿Viven los extranjeros de las ayudas?

Otro de los mensajes recurrentes en la campaña es la idea de que los inmigrantes dependen más del sistema de prestaciones, pero tampoco hay evidencia en los datos del sistema que respalde esa idea.

Las prestaciones contributivas por desempleo —las más importantes en número— solo pueden cobrarse si la persona ha cotizado al menos 360 días en los últimos seis años. Es decir, son prestaciones vinculadas a haber trabajado previamente.

En febrero de 2026 había 1.543 extranjeros cobrando prestación contributiva por desempleo en Soria (el 56% del total) y 40.582 en Castilla y León (el 39%). Estas cifras reflejan precisamente que esas personas han trabajado y han cotizado, porque sin cotización no se puede acceder a esta ayuda.

Las prestaciones asistenciales o subsidios son menos numerosas. En Soria había 452 personas extranjeras percibiendo subsidios en febrero y en Castilla y León, 18.025. Estos subsidios se conceden en situaciones concretas (agotamiento de la prestación contributiva, mayores de 52 años, víctimas de violencia de género, emigrantes retornados, entre otros supuestos), por lo que tampoco se trata de ayudas automáticas ni exclusivas para inmigrantes.

Los datos disponibles no sostienen, pues, los dos mensajes más repetidos en el debate político: ni que los inmigrantes "no trabajen", ni que "vivan de las ayudas". Los registros de empleo y prestaciones muestran que la población extranjera participa en el mercado laboral, cotiza y accede a prestaciones en las mismas condiciones que cualquier trabajador cuando pierde su empleo.