El Consejo de Cuentas indica que Soria no tiene obligación legal de implantar una Zona de Bajas Emisiones

Soria capital tramita la implantación del área restringida al tráfico, una medida que el Consistorio desarrolla por iniciativa propia y no por imperativo legal. Toda vez que la ciudad no supera los límites de valores contaminantes previstos en la normativa estatal, el municipio se encuentra exento de esta exigencia, tal y como ha certificado el Consejo de Cuentas de Castilla y León en su último informe de fiscalización aprobado este mismo miércoles.

El documento, elaborado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y que abarca el periodo comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2025, analiza el grado de cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Dicha norma marca el establecimiento de estos espacios antes de 2023 para las poblaciones de más de 50.000 habitantes, así como para aquellas que, superando los 20.000 residentes, presenten una mala calidad del aire. Siendo que la ciudad se enmarca en este segundo grupo, su excelente situación ambiental la libera de tal deber.

Aún así y todo, el ente fiscalizador autonómico ha comprobado que el municipio ha realizado la tramitación pertinente para contar con esta área de movilidad sostenible. De este modo, la ciudad ha sido beneficiaria de diversas subvenciones destinadas tanto a la implantación directa del proyecto como a otras actuaciones complementarias, habiendo acudido a la contratación administrativa para resolver diversos aspectos de su puesta en marcha.

Esta anticipación contrasta con la realidad que dibuja el informe en el resto de la comunidad autónoma. Habida cuenta de que ningún municipio castellanoleonés logró instaurar estas zonas antes del plazo límite de 2023, la situación actual refleja un mapa desigual. De las nueve ciudades mayores de 50.000 habitantes, siete han conseguido aprobar sus ordenanzas, mientras que Zamora acumula un acusado retraso y Palencia todavía no ha culminado el proceso en su Pleno municipal.

El camino, además, no está resultando sencillo para las grandes urbes de la región. Según ha referido el Consejo de Cuentas, se han producido impugnaciones en la vía jurisdiccional en la mayoría de los casos. Ayuntamientos como los de Ávila, Segovia o Valladolid han visto cómo los tribunales anulaban sus normativas por diferentes defectos formales, obligando a iniciar nuevas tramitaciones para regularizar la situación.

Al cierre del periodo analizado por la auditoría, tan solo Ávila y Ponferrada contaban con sus respectivos espacios en funcionamiento, debidamente señalizados y monitorizados. Mientras tanto, la capital soriana avanza en su particular hoja de ruta, perfilando un proyecto que, si bien nace sin la presión de la obligatoriedad, busca alinear la movilidad urbana con los nuevos estándares de sostenibilidad.