El juez zanja la polémica: la comunicación al Ayuntamiento sobre el registro cumplía la Ley y no fue una filtración

Se avisó al alcalde, Javier Antón, y el oficio del aviso se remitió el lunes, 22 de junio. El Tribunal de Instancia de Soria ha emitido hoy un comunicado en el que detalla el marco legal que regula este tipo de actuaciones y explica por qué el alcalde debía ser informado de la posibilidad de que se practicara una entrada y registro en instalaciones municipales.

Los hechos aclarados por el juez tuvieron lugar el martes, un día después, cuando la Policía Judicial registró el Ayuntamiento de Soria y detuvo a 7 personas, entre ellas, la exconcejala delegada de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos (PSOE), por un supuesto caso de corrupción investigado en el marco de la llamada 'Operación Fuentona'.

La comunicación del juez recuerda, en primer lugar, que el artículo 546 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "el juez o tribunal podrá decretar la entrada y registro en edificios y lugares públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan encontrarse personas, efectos o documentación relacionada con un delito". Es decir, la actuación desarrollada por la Guardia Civil se encuentra dentro de los mecanismos ordinarios previstos por la legislación procesal.

Además, el artículo 547 considera expresamente como edificios públicos aquellos destinados a servicios oficiales de la Administración estatal, autonómica o local, incluyendo las dependencias municipales. El Ayuntamiento de Soria, por tanto, se encuentra plenamente sometido a este procedimiento cuando una investigación judicial requiere acceder a documentación o instalaciones bajo su custodia.

La clave de la aclaración judicial reside, sin embargo, en el artículo 564 de la misma ley. Según este precepto, cuando debe practicarse una entrada y registro en un edificio público, el órgano judicial "debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar" para hacer posible la diligencia. En el caso del Ayuntamiento, esa responsabilidad corresponde a quien ostenta la custodia de la documentación municipal y la representación institucional del consistorio.

Fue precisamente en cumplimiento de esta obligación legal por lo que el Tribunal de Instancia remitió un oficio al alcalde de Soria el pasado 22 de junio. El comunicado subraya que dicha comunicación se limitó exclusivamente a dar cumplimiento a la ley y no contenía información concreta sobre la investigación en marcha.

Según explica el propio tribunal, el escrito no detallaba "ni la fecha ni la hora de la actuación, ni el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas". El alcalde conocía únicamente la posibilidad de que pudiera producirse una actuación judicial en dependencias municipales, sin acceso a los elementos esenciales del procedimiento.

La institución judicial añade además que el oficio incorporaba una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las consecuencias jurídicas que podría acarrear la revelación de cualquier dato relacionado con ellas. El deber de confidencialidad, por tanto, formaba parte explícita de la comunicación remitida al Ayuntamiento.

En respuesta a ese requerimiento, el alcalde trasladó al tribunal su "total disponibilidad y colaboración" para facilitar cuantas actuaciones fueran necesarias, poniéndose a disposición de la autoridad judicial para coordinar cualquier extremo que permitiera ejecutar la diligencia "con la máxima diligencia y la debida reserva".

La explicación ofrecida por el Tribunal de Instancia viene a poner orden en el cruce de acusaciones formuladas en los últimos días por PP y Vox, que ha acudido al juzgado, que cuestionan que el exalcalde, Carlos Martínez Mínguez, tuviera conocimiento previo de la actuación de la Guardia Civil por una supuesta filtración de la investigación y la revelara supuestamente a la prensa.