CSIF denuncia el incumplimiento de las leyes de bomberos y agentes forestales en las autonomías

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el elevado grado de incumplimiento de las leyes básicas de bomberos y de agentes forestales y medioambientales por parte de las comunidades autónomas. El sindicato exige al Gobierno de España un Pacto de Estado que regule de forma estable los operativos de lucha contra incendios durante todo el año.

A pesar de que estas normativas estatales entraron en vigor en noviembre de 2024, la mayoría de las autonomías todavía no las han desarrollado ni adaptado a sus respectivos territorios. Esta falta de aplicación genera, según detalla la organización sindical, una grave inestabilidad laboral, falta de medios materiales suficientes y la ausencia de un reconocimiento profesional adecuado para estos colectivos.

Ante la falta de un acuerdo político general, CSIF reclama al Ejecutivo central que establezca por ley básica unos operativos mínimos y estables de obligado cumplimiento. Estos criterios de lucha contra el fuego deberían basarse en parámetros objetivos como la superficie forestal de cada región, el número de incendios registrados y los núcleos de población existentes.

En el caso de los bomberos forestales, el sindicato señala que la mayoría de las comunidades autónomas no reconoce su categoría profesional específica. En su lugar, estos trabajadores siguen encuadrados bajo denominaciones genéricas como jardineros, peones o conductores. Asimismo, denuncian que habitualmente no se les reconocen los complementos por peligrosidad, toxicidad y penosidad, a pesar de enfrentarse a situaciones de riesgo con medios materiales que califican de insuficientes o inadecuados.

La inestabilidad en el empleo es otro de los factores críticos señalados por la organización. Según sus datos, la mayor parte de este personal no trabaja durante todo el año. De hecho, el pasado mes de octubre más de 4.000 bomberos forestales fueron despedidos en el conjunto de las comunidades autónomas, lo que supuso el desmantelamiento de los operativos de extinción tras la campaña estival. A esto se suma un sueldo medio que se sitúa en unos 1.400 euros netos al mes y jornadas laborales que, ante la falta de una regulación clara, pueden llegar a las 14 horas diarias durante varios días consecutivos.

La situación de los agentes forestales y medioambientales presenta problemas similares debido al retraso autonómico en el desarrollo de su normativa básica. CSIF advierte de que esta parálisis genera una profunda inseguridad jurídica y dificulta el desempeño de sus funciones cotidianas, a pesar de que estos profesionales ostentan la condición de agentes de la autoridad y, en numerosas ocasiones, ejercen como directores de extinción en los incendios.

Esta falta de homogeneidad estatal provoca importantes desequilibrios retributivos y de acceso entre las diferentes regiones:

• Exigencia de titulación: En muchas comunidades autónomas se requiere poseer un título de grado superior para acceder a la plaza de agente medioambiental.
• Clasificación profesional: A pesar de cumplir con los requisitos para estar integrados en el grupo B de la administración, estos profesionales continúan encuadrados en el grupo C.
• Pérdida salarial: Esta inadecuación de grupo profesional conlleva una merma económica directa en las retribuciones de los agentes afectados.