CSIF advierte de la brecha entre la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Mesa Sectorial de Educación en Castilla y León, ha advertido este jueves en Ávila sobre la distancia existente entre los estándares educativos y la situación del profesorado autonómico. El sindicato ha desmentido las declaraciones públicas de la consejera de Educación en las que afirmaba que todas las peticiones sindicales estaban atendidas.

El encuentro autonómico ha reunido a 120 delegados procedentes de las nueve provincias de la Comunidad. La cita ha contado con la intervención del presidente nacional de la organización, Miguel Borra, y del responsable del sector nacional de Educación, Mario Gutiérrez, junto a representantes autonómicos y provinciales.

Entre las prioridades inmediatas, la central sindical sitúa la equiparación salarial de los docentes de la Comunidad con los territorios con sueldos más altos. Asimismo, CSIF solicita negociar de forma específica las condiciones retributivas y hacer cumplir los puntos pendientes del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, relativos a la atención a la diversidad, la reducción burocrática, la plantilla de administración y servicios en los centros y el régimen de permisos y licencias.

La organización sindical valora que las mejoras en sexenios y carrera profesional han facilitado avances en las nóminas, pero las considera insuficientes y exige eliminar la incompatibilidad actual entre ambos complementos. Por otro lado, la central urge a acelerar los trámites del preacuerdo del 27 de julio sobre el reconocimiento de tutorías y la reducción horaria para mayores de 55 años, cuya firma está prevista para el 9 de octubre antes de su publicación en el BOCyL.

En su intervención, Mario Gutiérrez ha aludido a los datos del informe ‘Panorama de la Educación 2026’ de la OCDE para señalar los problemas estructurales del modelo. Según ha expuesto el responsable sindical, Castilla y León registra un récord de 7.834 plazas temporales, lo que sitúa la tasa de interinidad en el 34,5%, en un contexto de sobrecarga en las aulas, exceso de burocracia y carencia de inversiones.

Ante este escenario y los resultados del último informe PISA, calificados por la organización como los peores de la serie histórica nacional, CSIF ha insistido en reclamar un Pacto de Estado por la Educación. Esta propuesta contempla estabilidad normativa, mayor inversión, equilibrio de financiación autonómica, bajada de ratios y un Estatuto Docente.

La presidenta del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, ha puesto el foco en la necesidad de convocar las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria previstas en la Oferta de Empleo Público de 2025. Madruga ha planteado también diseñar vías de promoción profesional semejantes adaptadas al Cuerpo de Maestros.

Pagas extraordinarias y vivienda

En el ámbito estatal, Miguel Borra ha instado al Gobierno a reintegrar al completo las pagas extraordinarias recortadas a los empleados públicos en 2010 mediante partidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. La central confía en una resolución próxima del Tribunal Constitucional respecto al recurso de amparo admitido en diciembre de 2024 tras el veto parlamentario a su Iniciativa Legislativa Popular.

Respecto a la cobertura sanitaria de Muface, Borra ha detallado que el sindicato ha llevado la situación a instancias internacionales como la Comisión Europea, la Embajada de España en Bruselas y la Confederación de Sindicatos Independientes para frenar el deterioro asistencial del modelo.

Madruga ha recordado la petición formal enviada el 22 de septiembre a la consejera de Educación para abrir una mesa de trabajo sobre un plan autonómico de vivienda y movilidad docente. Paralelamente, la organización ha demandado ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la reforma de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda al considerar que desatiende a los empleados públicos en zonas despobladas o tensionadas.

Para paliar los gastos derivados de los desplazamientos habituales del profesorado, el sindicato plantea las siguientes medidas:

• Concesión de ayudas económicas y habilitación de viviendas públicas para docentes en municipios rurales y puestos de difícil desempeño.
• Incremento de las compensaciones económicas por kilometraje, dietas e itinerancias.
• Ampliación de las coberturas de los seguros vinculados a la movilidad en el ejercicio del servicio.