CSIF denuncia el deterioro sanitario en Muface y las mutualidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido este miércoles al Gobierno un compromiso firme para mejorar la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo. Esta reclamación se produce en un contexto marcado por la ausencia de nuevos presupuestos estatales y el final de la legislatura, circunstancias que según la organización están lastrando la calidad del servicio que reciben los empleados públicos.

Durante la celebración del Consejo General de Muface que ha tenido lugar en esta jornada, se han abordado las cuentas correspondientes al ejercicio de 2025. Dicho periodo estuvo determinado por la suscripción de los conciertos de asistencia sanitaria, tanto en el territorio nacional como en el exterior, lo que obligó a tramitar un suplemento de crédito de 285.022.509,77 euros para hacer frente a los compromisos adquiridos.

Toda vez que las cuentas públicas se encontraban prorrogadas, dicha contratación no estaba prevista inicialmente, tramitándose este suplemento con el fin de cubrir las insuficiencias presupuestarias sobrevenidas. La financiación de esta partida extraordinaria se ha sufragado con cargo al remanente de tesorería de Muface, el cual, según los datos facilitados hoy mismo en el seno del Consejo, se sitúa ya en apenas un millón de euros. Aunque habrá que esperar al cierre del ejercicio de 2026 para conocer la nueva cifra contable, desde el sindicato califican esta situación financiera como inédita.

Este agotamiento de los recursos económicos viene acompañado, según ha denunciado la organización sindical, de un progresivo deterioro de la prestación sanitaria no solo en Muface, sino también en otras mutualidades como Mugeju e Isfas. Las deficiencias se traducen en la reducción de la cartera médica, el cierre de centros, el aumento de las listas de espera y la falta de especialidades y problemas de cobertura tanto en las poblaciones rurales como en las capitales de provincia.

Ante este escenario territorial, CSIF ha reclamado la firma de convenios específicos en todas las comunidades autónomas, habida cuenta de que en estos momentos únicamente están vigentes en Castilla y León, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid. Igualmente, el sindicato ha recibido quejas por la demora en el pago de urgencias hospitalarias derivadas de la atención de mutualistas en la red pública, situaciones en las que los propios pacientes se ven obligados a adelantar el coste económico de la asistencia.

A estas dificultades asistenciales se suman los retrasos registrados en las gestiones con las compañías aseguradoras, la emisión de cartas de pago, los largos plazos de resolución en las reclamaciones y los dilatados trámites burocráticos en situaciones de cobertura sanitaria. Asimismo, la organización ha lamentado que la Administración no traslade certezas sobre la necesaria participación en el sistema de urgencias 112 ni sobre la reducción del copago farmacéutico, por lo que ha manifestado la urgencia de retomar el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo dentro del Acuerdo Marco con Función Pública.

Fuga de mutualistas hacia el sistema público

El malestar con la prestación actual se refleja ya en las estadísticas oficiales sobre la elección de sistema sanitario por parte de los funcionarios. Según los datos aportados por la propia Administración en el anterior consejo celebrado el pasado verano, un total de 14.000 personas han abandonado el concierto sanitario desde el año pasado para integrarse en la sanidad pública. En concreto, el trasvase contabilizó 7.664 bajas en 2025, a las que se sumaron 4.281 en enero de 2026 y otras 2.051 en el mes de junio, incrementándose esta opción en seis puntos desde que entrara en vigor el concierto vigente.

A raíz de estas cifras, la central sindical ha solicitado a los responsables de Muface un informe de situación detallado sobre las localidades donde se ha registrado un mayor trasvase hacia la red pública, entendiendo que dicho documento pondría de manifiesto el deterioro real del servicio concertado. Sin embargo, desde el sindicato han señalado que la dirección de la mutualidad todavía no ha dado respuesta a esta petición de transparencia.

Mientras tanto, la Administración mantiene abiertas en estos momentos las negociaciones para renovar el concierto de Mugeju, la mutualidad de los funcionarios de justicia. De cara a este proceso, CSIF ha exigido información clara sobre el futuro asistencial, recalcando la necesidad de establecer criterios nítidos sobre la urgencia vital para recibir atención en la red pública, incorporar a los mutualistas al teléfono de emergencias 112, reforzar los cuadros médicos y extender los convenios de asistencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así las cosas, la organización sindical ha advertido de que se mantendrá vigilante ante la evolución de las cuentas y de las prestaciones médicas. De este modo, si no se establecen garantías suficientes para asegurar una adecuada atención y la viabilidad futura del modelo, CSIF ha anunciado que se verá obligado a retomar las movilizaciones, exigiendo que los trabajos de mejora del mutualismo administrativo no queden paralizados ante la convocatoria de Elecciones Generales.