La Junta apuesta por las rebajas fiscales y el gasto en el medio rural como estrategia ante el reto demográfico

La despoblación vuelve a ocupar un lugar destacado en el discurso político regional con la presentación, ayer, del proyecto de presupuestos para 2027, que no contemplan medidas correctoras específicas para territorios con una densidad demográfica tan baja como la de Soria, que apenas alcanza los 8,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido hoy la apuesta del Gobierno autonómico por el mundo rural a través de "las rebajas fiscales y del gasto destinado a mantener los servicios públicos", pero no ha precisado qué objetivos concretos de ganancia de habitantes se ha marcado para medir el éxito de las medidas previstas.

El debate que se mantiene en Soria desde hace décadas trasciende el volumen de recursos destinados al medio rural y apunta a cómo se distribuyen y con qué criterios se asignan los presupuestos regionales para equilibrar el territorio. En una provincia como Soria, marcada por el envejecimiento, la dispersión de sus habitantes y el elevado coste por persona de garantizar servicios públicos, la ausencia de mecanismos correctores específicos plantea interrogantes sobre la capacidad de las cuentas autonómicas para responder a una realidad demográfica que exige más 'músculo' que las medidas de alcance general.

En este contexto, Soria Noticias preguntaba hoy al también consejero de Economía sobre la ausencia de criterios correctores específicos (demandados por los agentes socioeconómicos sorianos desde hace años) en las cuentas regionales.

El portavoz ha reivindicado las medidas fiscales y de gasto de la Junta. "Sí que el presupuesto tiene un claro compromiso con el mundo rural", ha sostenido.

En el ámbito tributario, Carriedo ha destacado las medidas que la Administración autonómica agrupa bajo el concepto de impuestos cero para el medio rural, aplicables a determinadas operaciones vinculadas a la adquisición de la primera vivienda habitual, la compra de inmuebles relacionados con actividades empresariales y la transmisión de explotaciones agrícolas. En cuanto al gasto, ha defendido el compromiso con las actividades productivas y con los servicios públicos en los pueblos, ámbitos en los que, según ha señalado, la Junta puede intervenir.

La respuesta centra así el debate en las medidas ya existentes, pero deja sin despejar la pregunta sobre sus resultados esperados. Las rebajas fiscales y el mantenimiento de los servicios constituyen instrumentos de política rural, aunque no equivalen por sí mismos a un objetivo demográfico: para evaluar su alcance sería necesario conocer qué evolución de población espera la Junta, qué indicadores utiliza para medir el impacto de sus políticas y qué resultados pretende alcanzar en los municipios que continúan perdiendo habitantes.

El horizonte pesimista de la UE

Incluso en el escenario más favorable, con una elevada llegada de inmigrantes, las proyecciones de Eurostat apuntan a que Castilla y León podría perder más de 600.000 habitantes hasta 2100.

Preguntado por este horizonte, Carriedo se ha limitado a responder que "la Junta no tiene proyecciones a 2100, los datos de población están publicados y ustedes los pueden consultar", sin precisar un objetivo demográfico para la legislatura.

"Sobre los resultados [de las políticas aplicadas hasta ahora para frenar la despoblación] ustedes pueden examinar las cifras y yo no las voy a relatar aquí", ha insistido.