Castilla y León concentra más del 76 % de la superficie nacional de remolacha

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha visitado este jueves las instalaciones de la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR con motivo del inicio de la campaña remolachera 2026/2027. Este arranque sirve para poner de manifiesto la relevancia de un cultivo clave para la economía agraria de Castilla y León y para el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria.

Toda vez que la remolacha azucarera constituye uno de los cultivos estratégicos de la Comunidad, su peso trasciende el ámbito estrictamente agrícola al integrar a productores, cooperativas, industrias transformadoras y empresas auxiliares. De este modo, esta producción demuestra una notable capacidad para generar actividad económica vinculada al regadío, sostener el empleo y contribuir al mantenimiento de población en los municipios rurales.

Habida cuenta de su papel en el desarrollo de amplias zonas del territorio, la Junta de Castilla y León considera prioritario favorecer la continuidad y la competitividad de las explotaciones. En este contexto, desde el Ejecutivo autonómico han señalado que garantizar unos ingresos justos para los agricultores resulta fundamental para conservar un medio rural dinámico y con oportunidades de futuro.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes a la campaña 2024/2025, España contó con 41.804 hectáreas dedicadas a este cultivo, de las cuales 31.816 hectáreas se encuentran en Castilla y León. Esta cifra representa más del 76 % de la superficie nacional, seguida de Andalucía, consolidando a la región como referente absoluto dentro de una Europa que lidera la producción mundial de azúcar de remolacha y ocupa el tercer puesto global en azúcar total tras Brasil e India.

El peso cooperativo y la innovación tecnológica

En este entramado productivo destaca el papel de ACOR, entidad que se sitúa entre las diez primeras cooperativas agroalimentarias del país y ocupa la quinta posición entre las de primer grado a nivel nacional. Su actividad supone una producción económica media superior a los 530 millones de euros anuales en la Comunidad y genera alrededor de 1.800 empleos, extendiendo su contribución desde el apoyo a los socios hasta la transformación industrial.

Asimismo, la consejería mantiene una estrecha relación de colaboración con el sector y con la propia cooperativa a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Mediante distintos programas orientados a la investigación, ambas partes impulsan iniciativas relacionadas con la digitalización, la mejora genética, la eficiencia en el uso del agua, la valorización de subproductos y la reducción de los costes energéticos.

Entre los principales retos actuales para optimizar los recursos disponibles figuran el desarrollo de nuevas variedades y la implantación de técnicas de agricultura de precisión. A este respecto, el departamento que dirige Pino trabaja en el análisis de soluciones normativas que faciliten la aplicación de tratamientos fitosanitarios mediante drones, una herramienta demandada por el sector que resulta especialmente útil cuando las condiciones meteorológicas o del terreno dificultan el trabajo por medios convencionales.

Defensa del sector ante la PAC y los acuerdos comerciales

De cara al futuro comunitario, la Administración autonómica defenderá la continuidad de las ayudas asociadas a la remolacha azucarera en la próxima Política Agraria Común (PAC), reclamando un nivel de apoyo económico suficiente que garantice la viabilidad de las explotaciones. La relevancia económica, social y territorial de esta actividad justifica, a juicio del Gobierno regional, su consideración como una producción estratégica dentro de la política europea.

Por último, tanto la Junta como la cooperativa han manifestado su preocupación compartida por las consecuencias que puede acarrear el uso de azúcar procedente de terceros países en las negociaciones de los acuerdos comerciales de la UE, incluido el tratado con Mercosur. Esta situación plantea serios desafíos para la competitividad de los remolacheros castellanos y leoneses, quienes deben cumplir exigentes requisitos productivos y medioambientales frente a los competidores externos.