La Zona de Bajas Emisiones de Soria llega a los tribunales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria ha presentado un recurso judicial contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aprobada recientemente por el equipo de gobierno socialista.

La formación ha llevado la norma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Burgos, al considerar que las restricciones a la circulación de vehículos suponen "una imposición arbitraria, injustificada, innecesaria y lesiva para los vecinos y el comercio de la ciudad".

La concejala de Vox, Sara López, ha detallado que los niveles de contaminación de la capital no justifican estas limitaciones de tráfico. "Soria es una de las ciudades con mejor calidad del aire de España. Según denuncia el grupo municipal, el perímetro de la ZBE abarca en buena parte un espacio que ya era peatonal o estaba pacificado, lo que reduce al mínimo su utilidad ambiental. Para la formación, la ordenanza responde únicamente a la necesidad de justificar proyectos financiados con fondos europeos.

Entre los argumentos del recurso sobre esta zona restringida al tráfico, la representante municipal sostiene que el problema ambiental que se pretende evitar no existe y califica la normativa de meramente recaudatoria. Asimismo, desde Vox apuntan que las limitaciones de la Zona de Bajas Emisiones generan una discriminación social al penalizar a los vecinos que no pueden permitirse renovar su vehículo, especialmente familias con rentas bajas, autónomos y personas mayores.

Otro de los puntos esgrimidos en la impugnación de la ZBE es la ausencia de alternativas de movilidad. El partido recuerda que Soria es una provincia extensa y despoblada donde el vehículo privado es una necesidad, y argumenta que la capital carece de una red de transporte público que permita prescindir del coche.

La formación de ultraderecha no es la única que recurre a la vía judicial contra la ZBE, que dejará de funcionar en pruebas el último día de este mes, para iniciar el 1 de noviembre la aplicación de multas, que pueden llegar a los 200 euros. El Partido Popular (PP) y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) han anunciado también que recurrirán al amparo judicial contra la medida.