El Ejecutivo autonómico informa favorablemente sobre el reparto estatal para 2027, aunque advierte de la falta de unidades para las provincias soriana y palentina. La Administración insiste en la necesidad de constituir una Sección de Vigilancia Penitenciaria en territorio soriano.
La Junta de Castilla y León ha remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el informe sobre la distribución territorial de las 500 nuevas plazas judiciales previstas en España para 2027. El documento, elaborado por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia al amparo de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, avala las 17 unidades asignadas a la Comunidad, pero reitera las carencias existentes en provincias como Soria y Palencia.
A pesar de la valoración favorable del proyecto estatal, el Ejecutivo autonómico vuelve a advertir de las necesidades pendientes en el territorio, tal y como ya señaló el pasado mes de febrero en el informe relativo a la creación de 19 plazas para 2026. Además, los Servicios Jurídicos reclaman una mayor implantación de órganos especializados en violencia sobre la mujer en el conjunto de la región.
El informe autonómico subraya que el reparto ministerial no contempla ninguna nueva unidad judicial en Soria ni en Palencia, a pesar de las peticiones trasladadas de forma reiterada tanto por la Administración autonómica como por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
En el caso concreto de la provincia soriana, continúa sin atenderse la solicitud para constituir una Sección de Vigilancia Penitenciaria. Esta demanda figura entre las prioridades recogidas en la Resolución de 15 de mayo de 2023, que fue aprobada por la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León a raíz del debate de una Proposición No de Ley (PNL) sobre esta materia. Por su parte, en Palencia sigue pendiente la creación de una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia.
Respecto a la lucha contra la violencia de género, el documento respalda la creación de una Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca, pero señala la conveniencia de extender esta especialización a otras circunscripciones de Castilla y León donde también se han reclamado secciones exclusivas para atender estos procedimientos. Asimismo, el texto considera especialmente necesaria la dotación de una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ávila y otra en la misma sección de León, demandas recogidas en las memorias anuales del TSJCyL desde 2020 y 2022, respectivamente.
Las 17 unidades judiciales que se incorporarán a la Comunidad en 2027 se dividen en seis plazas de magistrado para las Audiencias Provinciales, siete para los Tribunales de Instancia, una Sección de Violencia sobre la Mujer, una plaza de Presidencia de Tribunal de Instancia y dos jueces de adscripción territorial. La distribución detallada por provincias y órganos es la siguiente:
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