ASAJA pide aplazar a 2028 el registro electrónico de fitosanitarios

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, un aplazamiento hasta el próximo 1 de enero de 2028 para la entrada en vigor de la obligación de mantener un registro electrónico de fitosanitarios. Esta medida, que viene contemplada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 de la normativa europea, resulta a juicio de la organización inasumible en estos momentos, toda vez que el sector agrario todavía no se encuentra en condiciones de cumplir con tal exigencia de una forma generalizada.

A pesar de la moratoria que ya fue concedida anteriormente por la Comisión Europea, desde el colectivo agrario sostienen que aún persisten importantes dificultades de adaptación en miles de explotaciones familiares. Los casos que revisten una mayor criticidad se localizan en las pequeñas y medianas explotaciones, habida cuenta de que disponen de menores recursos técnicos, económicos y administrativos para hacer frente a la transición digital.

A esta circunstancia se suma la realidad de amplias zonas agrarias que sufren constantes problemas de conectividad, donde una cobertura deficiente dificulta sobremanera el uso diario de aplicaciones informáticas y plataformas en red. Igualmente, la entidad ha puesto el foco en los agricultores de mayor edad, un colectivo que precisa de una formación específica y de un acompañamiento adicional para el manejo de estas herramientas. Así las cosas, exigir el cumplimiento de la norma en las fechas actuales supondría una carga administrativa añadida inasumible para muchos profesionales, generando además una notable inseguridad jurídica y un evidente riesgo de sanciones para aquellos productores que actúan de buena fe.

Claridad frente al Cuaderno Digital y flexibilidad en los plazos

Otro de los escollos señalados por la organización radica en el riesgo de confundir esta exigencia comunitaria con el denominado Cuaderno Digital de Explotación (CUE). A este respecto, conviene recordar que la directriz europea se refiere única y exclusivamente a la tenencia de registros electrónicos legibles por máquina sobre los tratamientos aplicados en el campo, siendo que en ningún caso impone el uso de una herramienta concreta ni de un sistema nacional determinado. Por todo ello, los representantes del campo reclaman que se dé por válida cualquier solución digital que cumpla con los requisitos técnicos de la norma, como puede ser el uso de una hoja de cálculo en formato Excel.

En esta misma línea de flexibilización, se ha requerido al Gobierno de España que aproveche el margen de maniobra que le otorga la propia legislación comunitaria a la hora de redactar la norma nacional. De este modo, en lugar de obligar a los profesionales a efectuar el registro en un plazo máximo de 30 días tras la aplicación del producto en la tierra, solicitan que se permita anotar dichos tratamientos hasta el 31 de enero del año siguiente al de su utilización.

Alianza europea ante las elecciones del 29 de noviembre

Con el propósito de recabar apoyos más allá de nuestras fronteras, la entidad ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a liderar una iniciativa conjunta con otros Estados miembros de la Unión. La intención es que esta problemática sea elevada al próximo Consejo AGRIFISH dentro del apartado correspondiente a "Otros asuntos", conocido por sus siglas en inglés como AOB, al considerar que las trabas de adaptación se repiten en numerosos países comunitarios y que una posición común dotaría de mayor fuerza a la reivindicación ante Bruselas.

Para materializar este frente común, la organización desarrollará en breve una ronda de contactos con sus entidades homólogas de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía, con el fin de trasladar posteriormente una postura compartida tanto a las instituciones europeas como a los diferentes ejecutivos nacionales. En el ámbito doméstico, esta reivindicación también marcará la agenda de las reuniones que mantendrán en los próximos días con los distintos partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre, a quienes exigirán un compromiso firme para posponer la medida. Con todo, desde el sindicato agrario han reiterado su respaldo a la digitalización del sector por sus indudables beneficios en materia de trazabilidad y gestión, si bien defienden que este proceso se aborde de una manera gradual, realista y con un apoyo efectivo a las explotaciones.